La red de concesionarias de comercialización de autos de la ciudad de Buenos Aires le iniciará juicio al Estado porteño, en agosto próximo, por considerar que la tasa de Ingresos Brutos que debe pagar es "confiscatoria", porque al ser aplicada sobre el valor total de venta de una unidad eleva la presión tributaria en un 36%.

Así lo anunciaron este miércoles los representantes de la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (ACARA), en una conferencia de prensa en la que se quejaron por el cobro tripartito de impuestos al sector por parte de la Nación, las Provincias y los municipios.

"La presentación judicial que vamos a realizar contra la Ciudad no es para discutir la tasa, sino porque queremos pagar los impuestos sobre el margen comisional y no sobre el valor total de las ventas, porque así es confiscatorio", dijo Horacio De Lorenzi, director General de ACARA.

El sector, según informó la agencia NA, mantiene litigios similares al que iniciará contra la Capital Federal contra las provincias de Buenos Aires (desde 2008), Córdoba y Santa Fe (2009), que también cobran Ingresos Brutos sobre el costo total de un auto, y no sobre la rentabilidad del sector.

En ese sentido, De Lorenzi dijo: "Hemos decidido ir a juicio con todas las provincias porque cobran mal los impuestos. Queremos dialogar, pero las administraciones se niegan, por eso la salida es la Justicia".

El problema se agrava porque las concesionarias no pueden trasladar la presión impositiva a los precios, porque los valores de los coches son "sugeridos" por cada una de las terminales que fabrican las unidades para que haya equilibrio en las ventas.

Además, el sector -que comercializa bienes durables registrables- paga el IB al momento de comprarle los coches a las terminales, y no cuando se los vende a los consumidores, por lo que soporta la presión tributaria aún cuando no completó su actividad comercial.

Por cada 100 pesos de venta, las 94 concesionarias que operan en la Capital Federal tienen un margen de 13 pesos, a lo que deben descontarle 4 pesos de Ingresos Brutos y 4 pesos de percepción del Impuesto al Valor Agregado.

El 10 de junio pasado, a instancias de ciertos sectores de la oposición la Legislatura porteña aprobó un paquete de leyes en el que se incluyó el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos al sector financiero y a unos 2.100 contribuyentes que facturan más de 30 millones de pesos anuales.

La alícuota subió 1 punto porcentual, al pasar de 3 a 4%, por lo que la suba nominal para los sectores afectados fue en realidad del 33%, por lo que el gravamen se queda el 36 por ciento de la rentabilidad.

Como el gravamen tiene en cuenta el movimiento neto de dinero que realiza las actividades a las que afecta, todas las concesionarias se ven afectadas debido a que superan los 30 millones porque los autos tienen un valor promedio de 60 mil pesos.

Los empresarios reclaman una reforma impositiva que unifique el sistema de cobros tributarios para evitar que las concesionarias sufran una presión impositiva que en el promedio del país se ubica en el 72%, lo cual no afecta directamente las ventas pero sí la concreción de nuevas inversiones.

En las provincias, estos comercios deben afrontar IB, IVA, el impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias (conocido como "impuesto al cheque") y Tasa de Seguridad e Higiene e Impuesto a la Publicidad Interna, estos últimos de carácter netamente municipal.

Por esa situación, De Lorenzi dijo que "por el sistema impositivo perverso, se han eliminado los límites de retenciones y exenciones, por lo que cada jurisdicción cobra un impuesto según diferente y afecta la actividad económica".