La decisión se adoptó luego del fallo de la jueza Elena Liberatori, anticipado por Tiempo Argentino, que ordenó frenar la convocatoria porque violaba la Constitución de la Ciudad y la Carta Orgánica de la entidad crediticia estatal.
Según confiaron a Tiempo tres funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Legislatura porteña, Macri, Ibarra y el ministro de Hacienda Néstor Grindetti resolvieron suspender la licitación, después de un fallo firmado durante la semana pasada por la jueza Elena Liberatori de Haramburu, que decidió frenar el llamado cuando los nueve delegados generales de la Comisión Gremial Interna del banco denunciaron que el pliego de la convocatoria violaba la Constitución local y la Carta Orgánica de la única institución financiera que posee el estado porteño.
Las críticas judiciales de los trabajadores bancarios se concentraron en las características menos conocidas del pliego de licitación, que fue firmado por el ministro Ibarra el 14 de junio y fue publicado el 25 en el Boletín Oficial porteño. Dentro de sus 62 artículos, el pliego reglamenta que cada banco público o privado que se postule a la licitación para disputarle ese servicio al Ciudad deberá ofrecer un pago anticipado al gobierno porteño de dos a cuatro años, con desembolsos que van de los 33,6 a los 67,3 millones de pesos. La demanda fue presentada el jueves 5 de julio, y pocas horas después, la titular del 4º Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario le dio la razón a los denunciantes y al día siguiente advirtió a la gestión PRO que la licitación violaba la Carta Magna local, porque su artículo 55 le otorga la exclusividad del manejo de los sueldos al único banco estatal porteño, por considerarlo la institución financiera “oficial de la Ciudad, su agente financiero e instrumento de política crediticia, para lo cual tiene plena autonomía de gestión”. Ese concepto fue reglamentado a través de los artículos 5 y 7 de la ley de Carta Orgánica del banco, que establece que “los fondos de la Ciudad, correspondientes a todos sus Poderes, dependencias y reparticiones autárquicas, deben ser depositados en el Banco”, y que la misma entidad también actúa como “agente pagador de títulos, haberes, deudas con proveedores y demás obligaciones”.
El juzgado, en su sentencia, recalcó que la licitación no sólo violaba la ley porteña, sino que tenía fines recaudatorios para que el Banco Ciudad pagara más dinero al gobierno PRO que los 1,4 millones de pesos que cancela mensualmente. En su análisis, Liberatori destacó que el pliego “pide a los bancos competidores un mínimo de 20 sucursales, cuando el Ciudad tiene 50, y también sostiene que si el Ciudad gana, tiene que garantizar las condiciones más ventajosas del mercado, algo que pone en mejor posición a los bancos que tienen peores condiciones, mientras que el Ciudad, que tiene mayores ventajas, queda obligado a mantener un promedio por encima de todos los bancos privados”. Esos argumentos fueron repetidos por los delegados sindicales durante las largas reuniones que mantuvieron con las autoridades del banco, que ahora se preparan para pagar un canon del 0,35% mensual por el manejo de los sueldos, casi el doble del 0,2% que el Ciudad paga actualmente. Hasta ahora no se sabe si el Ciudad deberá pagar un anticipo por dos años como quería el PRO, pero desde La Bancaria se mostraron esperanzados. “Luego de las reuniones, no nos sorprende la noticia de la suspensión de la licitación, pero no la anunciaremos hasta que tengamos la confirmación en los papeles”, afirmó Stoup. «




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