Así las cosas, para celebrar el año del centenario de la creación de la Línea A, el oficialismo porteño decidió que durante la primera quincena de enero, el mencionado ramal dejará de prestar servicios por un plazo estimado de 60 días. Según el Jefe de Gobierno, el principal motivo es “preservar la seguridad y reemplazar los actuales coches por nuevas unidades”.

Lo llamativo del caso fueron algunas de las respuestas dadas en conferencia de prensa. Tras una pregunta de una cronista, Macri mostró no tener una solución eventual en caso de que la actual prestadora del servicio, Metrovías, no llegue a un nuevo acuerdo.

La falta de un plan de contingencia deja en claro que la efectiva transferencia del servicio de subterráneos, en manos del Grupo Roggio desde 1993, continuará en la agenda del jefe del PRO. Así como el Gobierno Nacional aseguró en su pacto PRO-K grandes negocios a la empresa IRSA como socio constructor del plan habitacional ProCrear, la ampliación del corredor sur que ocupa Puerto Madero y la eventual remodelación de la Isla Demarchi; el Gobierno porteño parece beneficiar también a Benito Roggio, cuyo grupo empresario ha sido uno de los principales beneficiarios de las concesiones y subsidios kirchneristas.

Los buenos oficios del procesado ex Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y las normativas que declararon en emergencia el sistema ferroviario, permitieron a Metrovías operar siempre en forma precaria, en lugar de utilizar los recursos asignados por el Gobierno Nacional para brindar un servicio de calidad tanto en los subterráneos de Buenos Aires como en la UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) -creada por decreto 798/04-.

Todo ocurre luego de la ley sancionada, con acuerdo del kirchnerismo, en las maratónicas sesiones extraordinarias que ratificaron un pacto a cambio de negocios inmobiliarios en donde los legisladores porteños Cristian Ritondo y Juan Cabandié (FPV) negociaron el traspaso.

Asimismo, cabe destacar que el último aumento que llevó la tarifa a 2,50 pesos no pasó por la debida Audiencia Pública y que, por lo tanto, el gobierno porteño debería estar cobrando 1,10 pesos en lugar de pensar en un nuevo incremento.

“Hay muchísimos puntos oscuros e imprecisiones en todas las declaraciones del Jefe de Gobierno Porteño, entre las cuales está el aumento del boleto a $ 6, con un cálculo que no sabemos en qué se basa” dijo la legisladora González Gass y agregó “en lugar de retrotraer el boleto a $ 1.10 ahora busca aumentarlo aún más, y esto es algo que no estaba estipulado ni siquiera en el proyecto convirtieron en Ley conjuntamente el Pro y el Kirchnerismo”.

Poco importan los comercios instalados en las estaciones pertenecientes a la línea A, así como quienes utilizan ese transporte público como único recurso para movilizarse y no tienen capacidades atléticas para andar los próximos dos meses por las ciclovías, que hoy son usadas para ubicar tachos de basura, como carril alternativo para las motos o recurso de depósito nocturno de los tan maltratados cartoneros que han sido incorporados a la nómina de recolectores de basura sin salario que conforman el plan macrista para mantener limpia Buenos Aires.

En síntesis, desde este espacio político que ya manifestó sus objeciones al acuerdo PRO-K, la diputada Virginia González Gass rechaza, como lo hizo oportunamente, un nuevo tarifazo y la continuidad de las políticas de la patria contratista que tanto daño le han hecho al país. La certeza de Mauricio Macri de no saber nada con exactitud, a pesar de controlar la Ciudad desde hace cinco años, demuestra que aún se están ajustando las negociaciones con el kichnerismo.

Ocurre que el ingeniero civil, empresario, político y ex directivo Boca Juniors, asumió su “compromiso para el cambio” sin dejar aquellos saberes cosechados en espacios elitistas. Su formación en ámbitos privados y desconocimiento absoluto de las necesidades de una ciudadanía heterogénea son la cara oculta de la escasa transparencia de la administración macrista que resuelve todo en cenáculos cerrados.

Mientras tanto los usuarios se quedarán sin un servicio público que necesita de soluciones prácticas, en lugar del cierre de líneas y aumentos ¿improvisados?