Mauricio Macri estaba negado a reglamentar la ley de emergencia social que se sancionó en diciembre pasado por medio de un acuerdo del Gobierno con los movimientos sociales.

El presidente volvió a prometer el primero de marzo una meta de déficit fiscal del 2,2 por ciento para 2019, año hasta el que se extendía la emergencia social con la ley.

 

Esa extensión le implica al Gobierno un gasto de 30 mil millones de pesos destinados a los movimientos sociales, que se repartirán los fondos a través del Consejo de la Economía Popular, del que participan representantes del Ejecutivo y de las organizaciones.

 

Pese a que el oficialismo había prometido en el Congreso una reglamentación "rápida", a más tardar para enero, el presidente se encaprichó con el gasto que le significaría al Gobierno la emergencia en un año electoral y justamente en beneficio de organizaciones referenciadas con el kirchnerismo y otros sectores de la oposición.

 

En los movimientos sociales se percataron de la postura de Macri y volcaron sus reclamos a la calle durante los últimos días de febrero y los primeros de marzo.

 

Con esa presión a cuestas, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que había negociado la ley con los movimientos sociales, instruyó a los abogados del ministerio para que redactaran la reglamentación. Luego debió pedirle personalmente a Macri que firmara el decreto, puesto que de lo contrario las consecuencias para el Gobierno serían peores.

 

Macri accedió a firmar ayer, aunque los movimientos sociales anunciaron una marcha para el miércoles. Es que terminado el primer trimestre del año no vieron un peso de esos 30 mil millones.