El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quedó un paso más cerca de un juicio oral en el que podría ser condenado a penas de hasta diez años de cárcel. Aquella vieja historia de las escuchas telefónicas ilegales, supuestamente para neutralizar a rivales políticos y enemigos familiares, se le descerrajó sobre la cabeza en un momento político complicado. Macri denunció una “politización” de la causa y atribuyó una vez más al juez federal Norberto Oyarbide una intencionalidad política funcional al kirchnerismo.

Lo cierto es que ayer Oyarbide resolvió que la etapa instructoria, es decir la investigación inicial que enhebra el camino hacia el juicio oral, está completa. Macri está procesado como un engranaje central en una asociación ilícita enquistada en el gobierno porteño, una suerte de central clandestina de inteligencia. El 15 de julio de 2010, la Sala Primera de la Cámara Federal había confirmado el procesamiento dispuesto por Oyarbide. Macri anunció entonces que no apelaría la decisión pues quería llegar rápidamente al juicio oral y público, convencido de que allí demostraría su inocencia y, como consecuencia directa de ello, también la supuesta maniobra política que habría urdido el gobierno nacional para perjudicarlo políticamente.

Sin embargo, y pese a su anunciada decisión, apeló la confirmación del procesamiento y llevó el expediente a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Esa decisión de apelar fue la que, en los hechos, demoró el juicio. Pero hay cientos de fallos que sostienen que el imputado –en este caso Macri, pero también su ex ministro de Educación Mariano Narodowski, dos ex jueces misioneros (uno de los cuales ya murió), una secretaria y tres policías de esa provincia, además de los ex policías federales Ciro James y Jorge “Fino” Palacios– tienen derecho a saber si son culpables o inocentes en un “plazo razonable”. Cuando una causa se eterniza en el tiempo, a menudo los tribunales penales las declaran prescriptas (aun cuando esté en discusión si transcurrió o no el plazo procesal para declararla prescripta) porque el paso del tiempo sin una certeza sobre la situación del imputado excedió ese “plazo razonable”. Se trata de un concepto que está a favor del acusado, y no en contra.

De cualquier manera, lo que resolvió en la víspera el juez Oyarbide está muy lejos del desembarco inmediato de la causa en el juicio oral. Si la expectativa es que Macri estará sentado en el banquillo de los acusados la semana que viene, el mes que viene o, incluso, el año que viene, habrá que desalentarla. Desde el punto de vista procesal, una vez que el juez clausura el sumario –eso hizo Oyarbide– se desatan una serie de pasos de los cuales el primero es “correrle vista” a las partes. En este caso, a los abogados de la querella, es decir los representantes del dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein y el cuñado del jefe de gobierno, Néstor Lorenzo. Y también los de los imputados, entre ellos los defensores de Macri, Santiago Feder y Ricardo Rosental. Es una oportunidad para que reiteren los planteos de nulidad de toda la causa. Fuentes judiciales aseguran que lo harán.

Para toda esa secuencia rige un plazo de cinco días hábiles; una vez agotados, el juez debe hacer lo propio con el fiscal federal Jorge Di Lello, para que decida si formula o no la acusación. Todo indica que habrá acusación, y entonces sí, Oyarbide estará en condiciones de elevar la causa a la etapa oral y pública.

Todo este procedimiento es pasible de apelaciones y nulidades que podrían estirar los plazos. De hecho, la Sala 3ª de la Casación aún no se pronunció sobre los planteos de Macri y otros procesados. Aun por vía de la hipótesis, si Casación considerara que Oyarbide o la Cámara cometieron errores o violaron las garantías constitucionales, todo el expediente podría desmoronarse como una escultura de hielo al rayo del sol.

Una vez que se sortean todos esos escollos, entonces sí la causa está en condiciones de pasar al tribunal oral, donde comienza lo que se denomina “instrucción suplementaria”. En una causa de más de 130 cuerpos, ese proceso insume muchos meses. De tal suerte, un cálculo optimista permitiría especular con que el juicio oral no tendría lugar sino hasta dentro de un año. Pero si la estimación observara parámetros más realistas y acordes con los tiempos de la justicia, el plazo sería mucho mayor.

En el expediente también están procesados el ex juez misionero José Luis Rey; la ex secretaria judicial Mónica González y los policías Raúl Rojas, Diego Guarda y Rubén Quintana. El ex magistrado Horacio Gallardo, quien también estaba procesado, no llegó a juicio: falleció en setiembre del año pasado. <