Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y comuneros presentaron una demanda penal contra el jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri, por incumplimiento de deberes de funcionario público al no resguardar la información de la paciente que iba a interrumpir su embarazo ayer en el Hospital Ramos Mejía, datos que reveló el viernes en una conferencia de prensa.En tanto, la mujer, a la que ayer la jueza Myriam Rustán de Estrada le impidió acceder a un aborto no punible, apeló la medida. Hasta el momento, la gestión PRO no presentó una apelación contra la resolución, como lo anunció ayer la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal.
Tras la presentación, Naddeo explicó que la presentación se realizó "por incumplimiento de la ley 1845 de la Ciudad que resguarda los datos de pacientes que se atienden en el sistema de salud". Asimismo, precisó que "el Código Penal tiene dos artículos que establecen que los funcionarios deben guardar confidencialidad frente a una acción que puedan causar daños a las personas involucradas en cualquier expediente, y ante la ley de violencia de género que plantea el derecho a una salud sexual y reproductiva".
La legisladora porteña recordó que "lo que hizo Macri fue dar datos que son confidenciales, lo que generó que grupos fundamentalistas presentaron el recurso de amparo para que no se realice el aborto no punible".
Esa intervención debía realizarse ayer en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, pero la jueza Myriam Rustan de Estrada hizo lugar a la medida cautelar presentada por una organización antiabortista para frenar la operación.
Por eso, la mujer, que fue víctima de una red de trata, se presentó ante la Cámara de apelaciones para obtener una autorización para la práctica quirúrgica. La prohibición del aborto dictada por la jueza Rustán de Estrada sólo fue apelada por la paciente.
Según fuentes judiciales, la medida de la paciente es la única presentada hasta el momento, e indicaron que no hubo recurso alguno ingresado por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pese al anuncio formulado ayer por el macrismo.
En el mismo contexto, el juez civil número 56, Miguel Ricardo Guiraldes, quien ayer había recibido el expediente remitido por Rustán de Estrada, rechazó la competencia y se lo devolvió a la jueza que ya había intervenido y dictado la medida cautelar que prohibió el aborto. De tal modo, la causa está también a estudio de la Cámara para determinar qué juez será, en definitiva, el que continúe con el trámite del expediente.
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