El distrito estaba impedido de cobrar ese impuesto porque existía, desde hace 12 años, una causa abierta que dejaba en suspenso esa facultad del gobierno porteño.

La Corte entendió que la Ciudad cuenta con esa facultad a raíz de un convenio firmado con la Lotería Nacional, ratificado por la Legislatura local en 2003. Ese acuerdo prevé, entre otras cosas, que el 65 por ciento de las ganancias anuales del negocio del juego vaya al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y que el Instituto del Juego porteño perciba el porcentaje restante. En cifras, la Ciudad recibió por ese concepto 206 millones de pesos en lo que va del año.

El jueves pasado, el alto tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a una queja presentada por el gobierno de Mauricio Macri y dejó al empresario kirchnerista Cristóbal López -explota ese casino que opera en el buque Estrella de la Fortuna en sociedad con la firma española Cirsa- sin la protección que brindaba la medida cautelar dictada hace más de una década.

Cristóbal López, un hombre que tenía una relación muy estrecha con el ex presidente Néstor Kirchner, no goza de la misma simpatía por parte de la Presidenta.

No obstante eso, en la Corte señalan que, igualmente, hubo muchas presiones y reclamos para que se mantuviera en pie la medida cautelar que protegía de la competencia de la ciudad para realizar inspecciones y cobrar Ingresos Brutos al negocio que se desarrolla en el buque amarrado sobre la ribera de Puerto Madero.

En medio de este clima llama la atención que la propia Procuración porteña haya presentado días antes de que se dictara el fallo un desestimiento de la medida cautelar que curiosamente terminó beneficiando a la ciudad. Fuentes del gobierno de Mauricio Macri aseguraron ayer a LA NACION que desistieron porque entendían que el fallo para entonces en estudio de la Corte dilataba la decisión sobre el fondo de la causa.

El legislador del Frente Progresista Aníbal Ibarra sostuvo anoche a LA NACION: "Es un escándalo. La ciudad pelea la causa hasta la Corte y 10 días antes desiste para dejar las cosas a favor del casino. El final es auspicioso porque la Corte no le hizo lugar al desestimiento".

Según el alto tribunal "la consecuencia patrimonial que podría derivarse de un pronunciamiento favorable al recurrente [el pedido de desestimiento del gobierno porteño] prevé la intervención de la Legislatura respecto de transacciones o conciliaciones que afecten los fondos públicos".

Una larga polémica

El funcionamiento del casino flotante en la Dársena Sur fue polémico desde que se instaló en 1999, durante la gestión de Fernando de la Rúa al frente de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento se abrieron varias causas judiciales, incluida la discusión por la jurisdicción sobre el barco.

El fallo de la Corte, firmado por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni vino a cerrar ese frente judicial: declaró abstracta aquella medida cautelar, que había sido superada por el aludido convenio suscripto entre la Nación y la ciudad, y también clausuró un largo proceso judicial que, según dicen el tribunal, estuvo plagado de irregularidades.

En 1999, el capitán del buque, Kyus Alberto Giachino había pedido una medida cautelar para amparar a la nave del alcance de la jurisdicción de la ciudad pero luego la Justicia, en forma casi inexplicable -dicen en la Corte- amplió esa cautelar para amparar el negocio de casino que allí se venía desarrollando. Así, la nave quedó sujeta sólo a la jurisdicción de la Lotería Nacional, a la Administración General de Puertos y a la Prefectura Naval.

La ciudad, por su parte, siempre sostuvo que la jurisdicción de la Dirección de Rentas porteña no podía quedar excluida porque el poder de policía sobre el juego es una atribución concurrente de la Nación y de la ciudad. Aunque sostuvo también que no podría autorizar esa actividad que pretendía gravar, pues los juegos de azar están prohibidos en la ciudad.

Ayer, en el gobierno porteño no sabían cuál era el monto que iba a poder ser reclamado al casino en concepto de Ingresos Brutos, aunque extraoficialmente se calculaba que sería varias veces millonario.

Cabe recordar que en diciembre de 2008 se estableció el 8% anual como impuesto a los juegos de azar después de que fracasara un acuerdo entre Macri y la Lotería Nacional que pretendía ampliar las ganancias porteñas según el convenio que había sido suscripto en 2003. El impuesto, establecido por ley, nunca se pudo cobrar a causa de la medida cautelar que siguió en curso hasta el fallo dictado la semana pasada.

El monto variará según la cantidad de años que se tomen como retroactividad. También dependerá de la interepretación legal que se haga del fallo del máximo tribunal respecto del alcance del acuerdo celebrado entre las jurisdicciones.

Ese convenio es el que fue aprobado, respectivamente, por la ley porteña 1182 y por el decreto 1153/03 del entonces presidente Néstor Kirchner. Y vino a "dirimir los puntos" que pretendía esclarecer la medida cautelar previa -que, no obstante, fue mantenida vigente- y estableció un "régimen de distribución de utilidades que produzcan los juegos que explota y comercializa la Lotería Nacional en la ciudad", además de que Lotería retendría la fiscalización del juego (ver aparte).

Como se dijo, de todas formas, el proceso continuó. Para la Corte, la sustanciación de la causa, en la que se concedieron varias cautelares que fueron ampliando sucesivamente su alcance, estuvo plagada de "excesos deformantes" y "resulta contrario a la justicia mantener una cautelar" durante 12 años cuando ya se había celebrado un convenio que resolvía las cuestiones.

Además, recordó la Corte, las medidas cautelares que impiden la percepción de las rentas públicas deben ser interpretadas con criterio restrictivo.

MOMENTOS CLAVES

El arribo. En octubre de 1999 se instala en la Dársena Sur el casino flotante Estrella de la Fortuna. Ese mismo año, el capitán del buque, Kyus Alberto Giachino, pidió una medida cautelar para amparar la nave del alcance de la jurisdicción de la ciudad, pero luego la Justicia, en forma casi inexplicable -dicen en la Corte- amplió esa cautelar para amparar el negocio de casino que allí se venía desarrollando. Así, la nave quedó sujeta sólo a la jurisdicción de la Lotería Nacional.

Idas y venidas. En junio de 2000 el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky prohibió el uso del casino flotante. Al día siguiente el juez federal de La Plata Julio Miralles lo habilitó. En marzo de 2005 el juez porteño Roberto Gallardo (foto superior) ordenó la clausura del casino flotante y denunció a Aníbal Ibarra (entonces jefe de gobierno) por abuso de autoridad.

El arreglo. En 2003, la Legislatura avaló un convenio entre la ciudad y Lotería Nacional (entre Aníbal Ibarra y Néstor Kirchner), que estableció para la ciudad la percepción del 35% de las utilidades. El empresario Cristóbal López (foto superior) fue el gran beneficiado en el manejo del juego.

Rechazo. En diciembre de 2008, a pesar de que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, había llegado a un acuerdo con Lotería Nacional para que el convenio por las ganancias se repartiera en mitades iguales entre el distrito y el ministerio que encabeza Alicia Kirchner, no prosperó por el desacuerdo de la ex vicejefa porteña Gabriela Michetti.

Impuesto. Ese año se incluyó un impuesto a los ingresos del juego del 8% de Ingresos brutos anual. Con la medida cautelar que tenía la causa eso no se podía cobrar.

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