Mauricio Macri y Cristina Fernández parecen cercados por un problema común: la revulsión en el Poder Judicial. El Presidente no posee allí, al menos por ahora, ninguna deuda. Pero muchas de las internas entre los propios jueces y las derivaciones de la herencia kirchnerista incomodan a su administración. Sobre la ex presidenta y sus acólitos cae en cambio una lluvia persistente de denuncias e investigaciones sobre la década pasada.

Cristina está de regreso aunque todavía no se note. Un ex director del Banco Central, Pedro Biscay, cruzado de los K, hizo la notificación. Presentó una recusación contra Claudio Bonadio –rechazada y apelada– que citó a declarar a la ex mandataria para el 13 de abril. Es en la causa por la venta de dólares a futuro del Banco Central al final de su período, que produjo erogaciones millonarias al Estado. La ex presidenta pretende apartarlo como logró hacerlo en la causa Hotesur, la empresa que administra la cadena hotelera de la familia Kirchner en El Calafate. Que de verdad la desvela. Claro que consiguió aquel empujón cuando todavía estaba en la Casa Rosada. Ahora puede ser distinto.

Aquella citación de Bonadio sorprendió. La denuncia por las ventas del Banco Central la formuló Alfonso Prat-Gay. El ministro de Hacienda resultó ser otro sorprendido. Su acusación apuntó sólo al titular del Central, Alejandro Vanoli, y a todo el directorio. Pero el magistrado confeccionó un listado de indagatorias más amplio, que incluye también a Axel Kicillof. Fuentes judiciales pronostican que la sorpresa podría ser aún superior si Bonadio continúa con la causa. Está cosechando pruebas e incluso ensayando la redacción sobre el presunto procesamiento de Cristina después que declare.

Nadie conoce los fundamentos que esgrimiría el juez para tomar tal determinación. Tampoco el soporte jurídico. Pero rondaría la idea que Cristina habría ordenado con premeditación aquella operatoria del Central. Algunos magistrados temen que el empeño de Bonadio pueda estar también fogoneado por antiguas cuitas que mantiene con la ex presidenta y el kirchnerismo. Por caso, su intento de destitución en el Consejo de la Magistratura que quedó trunco en 2014 por la oposición de los representantes radicales. Sólo se le llegó a aplicar una sanción que implicó un 30% de recorte en su sueldo.

El encono del kirchnerismo contra Bonadio se explicaría por su actuación en el caso Hotesur, donde llegó a allanar las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos. Aunque antes de eso había adoptado decisiones que agradaron al matrimonio Kirchner. Y que terminan dibujando una auténtica paradoja. Sobreseyó, por ejemplo, a dos ex secretarios de Cristina en denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito. Clausuró otra investigación sobre la compra de 2 millones de dólares realizada en el 2008 por el ex presidente fallecido. Con ese dinero adujo haber adquirido el hotel que ahora permanece bajo la lupa judicial.

Mientras espera el resultado de la apelación, Cristina estaría diseñando su estrategia de defensa. Todavía no tiene definido su abogado defensor. Habría existido un sondeo con Carlos Alberto Beraldi, el socio del ex ministro León Arslanián. Confeso enemigo de Bonadio. El abogado explicó su imposibilidad: atiende a Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner, en la demanda como titular de Hotesur. Posee además algunas cuestiones que involucran al empresario K Cristóbal López. Otro prestigioso abogado también resultó tentado pero su cotización espantó a los enviados de la ex presidenta. Habría cotizado su defensa en US$ 10 millones. Todos los caminos conducirían, entonces, a Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El caso de Bonadio no sería algo aislado. La mayoría de los jueces federales sustancian causas contra funcionarios kirchneristas. En la década se formularon más de 2 mil denuncias por anomalías en la administración. Esos jueces fueron sometidos durante años a extorsiones –a las cuales muchos se prestaron–, cuya cabecera de playa fue la ex SIDE. Esa institución ha desaparecido y el gobierno de Macri está ahora reseteando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que pergeñó la ex presidenta después de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Cuando desató la guerra abierta contra el espía Jaime Stiuso.

Los jueces habrían incubado resentimiento contra el kirchnerismo. Se aferrarían hoy a un par de preceptos que descienden desde el poder. Macri repite que la Justicia debe investigar y actuar con libertad. El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, instó hace pocos días a trabajar para poner fin a la impunidad. La Justicia es una de las instituciones peor ponderadas del país. Un 73% de los argentinos, según Isonomía, le tiene desconfianza. Demasiadas cuestiones importantes continúan en el limbo: ni la causa por la muerte de Nisman ni Hotesur, entre varias, tienen magistrado a cargo.

Los nuevos vientos han comenzado a destapar otros asuntos. La visita de Obama tuvo valor político simbólico que empezaría a traducirse en pequeños hechos. Washington pidió a la Corte de Apelaciones de Nueva York que facilite el camino a la Argentina para concluir el pleito con los holdouts. El acuerdo recibió la semana pasada la aprobación final del Congreso. En un puñado de días saltó otra novedad: la Justicia de Estados Unidos respondió un exhorto del juez Rodolfo Canicoba Corral que estuvo parado en la Cancillería hasta que Susana Malcorra reemplazó a Héctor Timerman.

El trámite tiene vínculo con la investigación del pago de sobornos en la extensión del contrato de concesión de Cerro Dragón, el mayor yacimiento petrolero de la Argentina, ubicado en Chubut. La tarea corre por cuenta de la Security Exchange Commision (SEC) que fiscaliza a empresas que cotizan en los Estados Unidos. La concesión pertenece a Pan American Energy, uno de cuyos accionistas, British Petroleum, formuló una autodenuncia en ese organismo. Esa ruta de las coimas podría enchastrar al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, ahora diputado. Su nombre sonó con insistencia en el tiempo kirchnerista pero habría entrado en el olvido desde su salida del poder. Tanto, que se quedó sin resistencias con el control de la Comisión de Energía en Diputados. El fiscal Guillermo Marijuan prepara su viaje a Washington para la segunda semana de este mes, a fin de recoger las informaciones de la SEC.

El Gobierno, ante ese panorama, no parece movilizarse en una sola sintonía. El Presidente y sus ministros principales ponen toda la energía en el complejísimo cuadro económico y social. Está bien que así lo hagan. Pero existe en Cambiemos quienes piensan que la sociedad –o aquellos que votaron por un cambio– demandarían también otro tipo de respuestas. Macri no estaría haciendo en materia económica nada opuesto de lo que dijo en campaña que iba a hacer. Aunque nunca es lo mismo hablar sobre la muerte que asistir a un funeral. También la lucha contra la corrupción formó parte de las banderas electorales. No hay noticias alentadoras para los bolsillos. Tampoco se avizaron pronto en el otro campo. ¿Alcanzaría la detención de Ricardo Jaime para atenuar esa carencia?

Tal aparente desacople disparó la reacción intempestiva de Elisa Carrió. También el activismo de la Oficina Anticorrupción. En pocos días Laura Alonso solicitó que el Estado se constituya como parte querellante en las causas Hotesur y Ciccone, que tiene procesado a Amado Boudou. Por la misma razón, pidió la indagatoria de Ricardo Echegaray, ex jefe de la AFIP y actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN). Carrió quiere que el Congreso separe ahora de su cargo al ex recaudador. En verdad, objetó desde un principio su designación.

La erupción de Carrió habría reconocido una razón puntual. Fue la decisión del juez Sebastián Ramos de cerrar la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Lorenzetti. El juez lo hizo a instancia de un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita. La diputada presume que esa maniobra fue cocinada por Daniel Angelici, el presidente de Boca Juniors y amigo de Macri. Pollicita forma parte del llamado “grupo Boca” y frecuenta el domicilio de Angelici.

Macri, con la ayuda del radical Ernesto Sanz, neutralizó a Carrió. Pero sus dichos quedaron boyando. También los referidos al duro ajuste en las tarifas. Los anuncios casi hundieron un éxito político del Gobierno: la aprobación con votos peronistas y del FpV del acuerdo con los fondos buitres. Una señal, la primera, de su potencial gobernabilidad con un Parlamento en minoría. Los aumentos en los servicios y el transporte se sumaron a un informe desolador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. El mismo que la oposición tomó como referencia en su época para rebatir las falacias kirchneristas. El trabajo comunicó que la pobreza en el 2015 trepó al 29%. Y que en los primeros tres meses del 2016 sumó 1.4 millón de personas. Estima que 13 millones de ciudadanos están ahora en aquella situación.

Esa realidad estaría desnudando dos cosas. El lastre de la “década ganada”. Y el desierto que le aguarda a Macri atravesar. En ese recorrido no cabrán deslices. ¿Cómo se le ocurrió decir a Gustavo Dietrich, el ministro de Transporte, que los aumentos representan poca plata? El macrismo estaría obligado a medir como nunca sus palabras. Y a ser más riguroso también con sus propias conductas.