Lo hizo por unanimidad la Cámara Nacional de Apelaciones y así dejó firme el fallo del juez Norberto Oyarbide. Denuncian que se esconde la mano de Kirchner, pero la decisión judicial constituye un fuerte golpe para el armado opositor constituido por el PRO y el PJ disidente.
Existen fuertes sospechas de que estaría la mano del Gobierno nacional detrás de la decisión judicial, en la que intervino en una primera instancia el juez Norberto Oyabide, de fluidos vínculos con el kirchnerismo. Pero eso no implica que el jefe de Gobierno porteño esté exento de responsabilidad, ya que fue él quien designó al controvertido Jorge “Fino” Palacios al frente de la Policía Metropolitana, quien hoy es el principal acusado en la causa de las escuchas.
Ante esta situación, kirchneristas y aliados del Gobierno nacional emprendieron una fuerte embestida para reclamar que el jefe de Gobierno porteño renuncie o pida una licencia. “Ya estaba confirmado que había una asociación ilícita, dentro del Gobierno de la Ciudad, dedicada a hacer escuchas ilegales. Ahora se le suma Macri procesado en firme como miembro de ella. Es motivo suficiente para que renuncie”, dijo el ex intendente de Morón y actual diputado nacional, Martín Sabbattela.
De esta manera, el armado que estaban tejiendo Unión-PRO y distintos componentes del denominado PJ disidente, que tenía a Macri como posible candidato presidencial (secundado por Francisco de Narváez como posible candidato a gobernador, y Eduardo Duhalde encabezando la lista de senadores), sufrió un golpe casi mortal. Es más: ni Duhalde, ni De Narváez se solidarizaron con el jefe de Gobierno porteño, a quien parecen haber dejado librado a su propia suerte.
El tribunal también ratificó el procesamiento de los jueces misioneros José Luis Rey y Horacio Gallardo, y la ampliación del procesamiento de “Fino” Palacios.
Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah concluyeron que Macri “conoció y prestó su consentimiento para instalar en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un aparato de inteligencia prohibido, del que se habría servido”.
“La importancia prioritaria que dentro del proyecto político encabezado por Mauricio Macri ocupaba el problema de la seguridad conduce a corroborar que el jefe de Gobierno no era ajeno a la puesta del aparato de inteligencia clandestino, aun cuando podía estar al margen de los detalles de su funcionamiento”, agregaron los camaristas en el fallo.
En tanto, el tribunal revocó el procesamiento de Mariano Narodowski, ex ministro de Educación porteño, que había sido acusado por encubrimiento.
Tras ser procesado, Macri acusó a Oyarbide de “direccionar” la causa en su contra y vinculó el progreso de la investigación con una operación política impulsada por el kirchnerismo.
También presentó un pedido para que el juez se apartara de la causa en base a declaraciones del ex senador Héctor Maya, quien señaló que el juez le había sugerido una intención política detrás de la causa.
Sin embargo, la Cámara rechazó el pedido del líder de PRO por considerar “carentes de fuerza” los argumentos del jefe de Gobierno.
En su batalla contra Oyarbide, PRO pidió juicio político contra el magistrado por mal desempeño en sus funciones y señalaron “la forma parcial” en que desarrolla la investigación sobre las escuchas ilegales.
Sesión sin quórum
Los legisladores porteños no dieron quórum para la sesión ordinaria, a raíz de los debates internos que se generaron tras la decisión de la Cámara Federal de ratificar el procesamiento por asociación ilícita al jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, en la causa de escuchas telefónicas.
Pasadas las 19.30, se dio por levantada la sesión de los jueves, y los diputados de la oposición analizaban la posibilidad de convocar a una reunión especial el martes próximo para abrir un espacio de discusión y acordar, de manera conjunta, los pasos a seguir.
En tanto, el bloque macrista anticipó su negativa a la sesión del martes, en la cual se abordarían las diversas alternativas respecto de las medidas que tomarán los parlamentarios tras la ratificación del procesamiento del jefe de Gobierno local. Entre ellas, está la opción planteada por el bloque peronista, que apunta a la conformación de una comisión investigadora que analice los detalles de la causa por espionaje y la responsabilidad de Macri en ella.





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