Pese a que desde el Gobierno intentaron desestimar la posibilidad, finalmente el jefe de Gobierno Mauricio Macri vetó la norma aprobada por la Legislatura dos semanas para adherir a la ley nacional que ordena que la venta de medicamentos se realice exclusivamente en farmacias, tal como temían los farmacéuticos.

Ricardo Aizcorbe, presidente de la Confederación Argentina de Farmacias (COFA), expresó: "Macri es un vetador serial contra la salud de los vecinos y a favor de la caja de Farmacity". Según Aizcorbe "la ley, es de corte progresista, pro salud pública, y ordenaba que la venta de medicamentos se realice sólo en farmacias, así se aseguraba la dispensa personal de medicamentos por mostrador con asistencia del farmacéutico".

Asimismo, "los farmacéuticos advierten que con su veto Macri permite que los medicamentos se vendan en cualquier boca de expendio, cual golosinas, revistas o medias, y que los vecinos no cuenten con asistencia profesional a la hora de adquirir sus medicamentos y se expongan a la venta de remedios ‘truchos' o adulterados".

"Macri privilegió las relaciones del PRO con la cadena de farmacias Farmacity por sobre cualquier otro interés. Desde la asunción de la Jefatura de Gobierno en 2007, la caja de Farmacity creció con el PRO al tiempo que el PRO creció con la caja de Farmacity", denunció Aizcorbe.

La norma había merecido un fuerte debate en la Legislatura porteña y un cruce de acusaciones entre kirchneristas y macristas. Durante el debate el diputado Helio Rebot (PRO) argumentó la postura de su bloque que había presentado como despacho de minoría un proyecto de Régimen de Comercialización de Medicamentos. En primer lugar pidió la reserva del expediente en secretaría para modificar el artículo 1.

"Estamos tratando un despacho que implica la adhesión o la no adhesión a una ley nacional. La Ciudad también puede establecer un régimen para la actividad farmacéutica como para otras actividades, ésta es una deuda. A nivel internacional existen múltiples políticas para satisfacer las condiciones de acceso a la población más desprotegida, porque el medicamento es un bien de naturaleza social. La Ciudad tiene derecho en sancionar una normativa que se aparte de la normativa nacional".

Luego puntualizó que una persona tiene que hacer la misma cola para adquirir un medicamento con receta que para comprar uno de venta libre. Y en otro tramo de su argumentación manifestó su preocupación por los trabajadores del sector: "Las farmacias no deben ser discriminadas por tamaño o forma de expendio, porque igual las atienden profesionales farmacéuticos".

En tanto, el presidente de la Comisión de Salud, Jorge Selser (PSur), expresó brevemente que "las comisiones de Salud y de Desarrollo Económico vienen discutiendo este proyecto hace más de un año". Fundamentó también la postura de su bloque al afirmar que "la Ley Nacional a la que está por adherir la Ciudad establece sanciones claras; por otro lado las farmacias son habilitadas por el Ministerio de Salud de la Nación y los locales son habilitados por el Gobierno de la Ciudad".

Mientras que el diputado Rubén Campos (UCR) afirmó que "se buscaron acuerdos y consensos pero no se alcanzaron; toda la comunidad farmacéutica está pendiente de la sanción de esta ley porque es el único distrito que no adhirió a la ley nacional, donde se sigue tomando el medicamento no como un bien social sino como un bien de consumo".

El diputado Gonzalo Ruanova (NE) expresó en cuanto al debate del proyecto: "Recibimos las propuestas y las voces de todos los actores involucrados", además sostuvo que esta ley "trata de evitar que el suministro de medicamentos se constituya en un problema de salud pública, de evitar que se vendan medicamentos de cualquier forma"