Mauricio Macri está a punto de realizar otra movida polémica en la designación de uno de los funcionarios claves de su gestión.

El jefe de gobierno va a remover al Procurador General, Ramiro Monner Sans, a quien ya se le pidió la renuncia y propone a un hombre de su socio José Torello para ese cargo que tiene la potestad de dictaminar sobre la legalidad de los actos administrativos y actuar en defensa del patrimonio de la Ciudad.

Según informa Ámbito Financiero, ese hombre es el abogado Julio Conte Grand, del estudio Conte-Grand, Doncel Jones & Asociados, que es sobrino de Gerardo Conte Grand, que se apartó recientemente de la Coalición Cívica.

El encargado de pedir la renuncia de Monner Sans fue Fabián Rodríguez Simón, que además de haber sido el ex jefe de gabinete del ministerio de Espacio Público cuando éste estaba a cargo de Juan Pablo Piccardo, es abogado y amigo de Torello.

De esta manera, Torello le gana la pulseada a Angelici, tal como anticipó LPO ayer, en ese espacio trascendental de la estructura judicial del gobierno porteño.

El nuevo riesgo

La gestión de Macri ya vivió un momento de zozobra designando a Abel Posse como ministro de Educación, a quien tuvo que pedirle la renuncia 11 días después de haberlo hecho asumir en diciembre de 2009. A pocas horas de asumir, Posse escribió una columna en La Nación titulada "Criminalidad y cobardía", en la que comparaba a asesinos, violadores y ladrones con quienes se manifiestan para reclamar transparencia en los planes sociales.

El jefe de gobierno debió echarlo luego de que Posse replicara en otros medios sus opiniones vertidas en la columna del matutino, en la que entre otras cosas afirmaba que la política argentina está sumida en una “visión trotskoleninista” y llamaba a reprimir “el vandalismo piquetero, el desborde lumpen y la indisciplina juvenil”.

Con ese antecedente, Macri la tendrá difícil para designar a Conte Grand, puesto que necesita la autorización de la Legislatura. Y el currículum del abogado será puesto en cuestión por la oposición, que debe “prestarle” al menos 7 diputados al PRO para que alcance los 31 necesarios para autorizar al nuevo Procurador.

Es que en la biografía del sitio de su propio estudio, se detalla que Conte Grand fue miembro de la Comisión de Reforma Normativa durante la intendencia de Carlos Grosso en 1991, asesor del ministro de Educación de Carlos Menem, Alberto Salonia en 1992, y asesor legal durante cuatro años de un programa del ministro del Interior del menemismo, Carlos Corach.

Pero el punto más polémico, detallado en la misma biografía, es que Conte Grand fue Director General de Publicidad Sarmiento S.A., la empresa de Orlando “Orly” Terranova.

Por beneficiar a esa empresa de manera irregular en la licitación por la explotación del mobiliario urbano de la Ciudad, el propio Macri corrió riesgo de ser procesado. A Terranova, también corredor de rally, se lo señaló como uno de los recaudadores de la campaña del PRO.

Es justamente la Procuración la que debe defender a la Ciudad en temas de complejidad jurídica como el de la causa del mobiliario urbano, por el que el macrismo aún no se liberó.

El PRO nunca explicó por qué beneficiaba a la empresa de Terranova y raramente pueda colaborar al esclarecimiento de una causa como esa la designación de un ex director de la misma empresa.

En el inciso c del artículo 4 de la ley 1218, que fija los deberes y atribuciones del Procurador General, se establece como una incompatibilidad de este funcionario la intervención o asesoramiento “en toda causa, contrato o asunto, en que sean parte personas físicas o jurídicas que contraten con la Ciudad o litiguen contra ella”.

Contradicciones

La biografía de Conte Grand lo muestra como profesor de la Escuela Superior de Guerra creada por el gobierno de Julio Argentino Roca, de la Universidad Católica y de la Universidad Austral, que se reconoce como del Opus Dei.

Esa formación lo llevó a cruzar al propio Macri tan sólo dos años atrás, cuando el jefe de gobierno, alentado por el secretario general Marcos Peña, anunció que no apelaría el fallo que permitió la primera unión civil entre dos personas del mismo sexo en la Ciudad.

Ese fallo de la jueza Gabriela Seijas se realizó ante el pedido que Alex Freyre y José María Di Bello, que luego se convertirían en el primer matrimonio gay tras la ley sancionada por el Congreso de la Nación en julio del año pasado.

En diciembre de 2009, Conte Grand publicó un artículo titulado “La transformación del orden público” (ver aparte), en el que hablaba del fallo de Seijas como una decisión judicial “sugestivamente consentida por el Ejecutivo local” de Macri e invitaba a “reflexionar acerca de los riesgos de la transformación, sin norte visible, de la institución del matrimonio y, por ende, de la familia, núcleo impostergable de la sociedad”.

“Es evidente una desmesura atentatoria de los principios del orden público de la sociedad argentina y es responsabilidad primaria de El Derecho ofrecer argumentos de juicio serios y fundados para un debate científico, consecuentes con la naturaleza de las cosas, fuente primaria del orden político y jurídico”, continúa Conte Grand en el párrafo siguiente.