Finalmente - luego de muchas idas y venidas, acusaciones y denuncias - mañana los presidentes de las cámaras legislativas le tomarán juramento al electo Defensor del Pueblo, Miguel Ignacio Alegre, quien así asumirá el cargo creado en la última reforma de la Constitución provincial en 2007. Uno de los puntos “álgidos” fue el presupuesto para la entidad: el acuerdo alcanzado fue que el Parlamento le girará $400.000 a la institución hasta fin de año.

De todas maneras, Alegre todavía no tiene un lugar físico donde funcionará la Defensoría del Pueblo. Ayer, en contacto con “época”, aseguró que todavía “está buscando” un inmueble para alquilar.

El 2 y el 3 de junio pasado, Diputados y Senadores le dieron el respaldo a Alegre para que asuma la novel institución. Sin embargo, el 22 de ese mismo mes y ante la falta de la toma de juramento, Alegre criticó muy duramente al vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, titular de la Cámara alta, e incluso le apuntó que “no tomó nota de lo que pasó en 1999 (año en que fue separado de su cargo de gobernador tras protestas populares que derivaron en la decisión parlamentaria)”.

Tal comentario cayó muy mal no sólo en los presidentes de los cuerpos legislativos, sino también en los parlamentarios. La discusión, por ese entonces centrada en el presupuesto solicitado por Alegre, giró en torno de sus polémicas declaraciones.

Según la Constitución Provincial, el Defensor del Pueblo es un órgano unipersonal e independiente, instituido en el ámbito del Poder Legislativo, que actúa con plena autonomía funcional y autarquía financiera, sin recibir instrucciones de autoridad alguna. Goza de las inmunidades y prerrogativas de los parlamentarios y dura en la función cinco años y puede ser designado en forma consecutiva por una sola vez.

La misión del Defensor del Pueblo es la promoción y protección de los derechos humanos y demás derechos e intereses de incidencia colectiva. Tiene facultades de investigación en todo aquello que es de su competencia. Las autoridades y prestadores de servicios públicos están obligados a brindarle colaboración con carácter preferente. Cuenta con legitimación procesal y puede actuar en sede judicial o administrativa frente a todo acto u omisión de autoridad pública que comprometa actual o potencialmente intereses de incidencia colectiva.

La elección de quien asumirá la Defensoría del Pueblo comenzó con 52 aspirantes. El primer examen eliminó a la mitad. Finalmente, asumirán como Adjuntos Juan Ramón Ferreira y Marco Costa, quienes llegaron a la final pero fueron desestimados cuando los cuerpos eligieron a Alegre.