"El tema de las perforaciones de Agrelo se ha judicializado y está en la Suprema Corte. No queremos cometer preopinión como Departamento General de Irrigación y preferimos guardar silencio", se limitó a decir el superintendente José Luis Álvarez ante las comisiones de Economía y Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Se refería a la situación generada por el permiso provisorio otorgado hace dos años y medio por el anterior superintendente, Eduardo Frigerio.

Esta medida autorizó a particulares a perforar 22 pozos en Agrelo, en plena crisis hídrica, lo que desató sospechas de favoritismo y corrupción. También generó una demanda ante la Corte por parte de un tercero afectado. Según pudo saber Los Andes, Alvarez envió hace un mes al máximo tribunal los expedientes de las perforaciones aludidas en la demanda (serían dos y no las 22).

"Lo que decida la Corte será lo que resuelva Irrigación", destacan en el entorno de Álvarez. Y subrayan que esa estrategia busca proteger a Irrigación evitando una "catarata de juicios" a la que podría llevar una decisión sólo administrativa a favor o en contra de la autorización parcial de esos pozos. Y no habrá nuevos permisos precarios hasta que no se resuelvan éstos.

No obstante, el silencio sobre el tema ante Diputados le reportó los mayores cuestionamientos. "Tuvo una actitud evasiva lamentable sobre los pozos de Agrelo escudado en una acción procesal administrativa", dispararon los radicales Alejandro Lima y Néstor Guizzardi.

Acompañado por cinco colaboradores, Álvarez informó por dos horas y veinte en un clima distendido y ameno, aún a la hora del cruce de chicanas entre oficialismo y oposición. Y hasta alcanzó reconocimientos al hablar de un balance hídrico y de una Irrigación más técnica y profesional. Pero también estuvo en el centro del cruce de opiniones sobre el proyecto de ley de Banco de Tierras.

La iniciativa fue considerada "inconstitucional" por dirigentes de los productores (Marcelo Romano y Daniel Rodríguez) y por la oposición, que reclama expropiaciones específicas y no genéricas, Desde Irrigación, Santiago Ruiz Freites y Mario Salomón contraargumentaron con antecedentes de otras "expropiaciones genéricas". Sobre el convenio con La Pampa por el Atuel, se acordó la remisión del dictamen de Irrigación.