El superintendente aseguró que el organismo realizó actos administrativos y juicios de apremio, por lo que no corre el plazo de cinco años. Recalcó que lo más importante es que la deuda de las 543 propiedades que pretenden expropiar supera su avalúo y que no están en producción.
El funcionario explicó que la resolución del organismo, que data del 2000, y que fijó en cinco años el plazo máximo de prescripción de una deuda, no abarca estos casos, ya que Irrigación realizó reclamos para cobrar.
Criterios de selección
Álvarez explicó cuáles fueron los criterios de selección para determinar qué propiedades estarían sujetas a expropiación. Dijo que estipularon un plazo de diez años, que la deuda por todo concepto sea superior al avalúo, que no estén en producción y que sus dueños no hayan hecho ninguna gestión ante el organismo.
[Asume José Luis Alvarez en Irrigación - Nota4]
El funcionario recalcó que la deuda supera el avalúo el de las propiedades.
El funcionario descartó que la resolución del organismo tenga validez para estos casos, ya que se prevé la prescripción a los cinco años siempre que Irrigación no haya hecho ningún acto para lograr el cobro. "Nosotros sí los hicimos, hay juicios de apremio, pero esto genera costos altos, por eso buscamos mecanismos más ágiles. Además, si se aprueba la ley estaría por encima de cualquier resolución", señaló.
Álvarez explicó algunos detalles sobre el proyecto. Dijo que intentarán pagar la expropiación con el monto de la deuda, ya que generalmente se fija como precio el avalúo de la propiedad y en estos casos la deuda lo supera.
De todas formas, cuando se estipula el precio, los dueños pueden no estar de acuerdo con el monto y recurren a la Justicia para lograr un precio mejor.
El funcionario señaló que el costo del agua en la producción es del 1 por ciento. "El que no paga es porque no quiere, nosotros no sacamos del negocio a nadie".
El proyecto
El 1 de mayo, el gobernador, Francisco Pérez, anunció la intención del Gobierno de incrementar las hectáreas en producción. Para eso, adelantó que enviará un proyecto de ley que declare de utilidad pública 543 hectáreas cuyos propietarios tienen una deuda al avalúo.
Las propiedades aglutinan 13 mil hectáreas y la mayoría está en las márgenes de los ríos Atuel y Mendoza.
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