En virtud de la cual se condenó a los acusados a penas de prisión perpetua de cumplimiento en cárcel común, el Ministro de Gobierno, Felipe Álvarez, valoró que, tras 36 años de espera, finalmente la justicia se haya pronunciado sobre los graves sucesos que terminaron con el asesinato de los curas que desarrollaban su labor pastoral en Chamical.

El funcionario afirmó que "el fallo judicial posee un doble valor, pues el juzgamiento de los responsables de las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar no sólo satisface el reclamo de las víctimas, sino que, además, contribuye a la consolidación de la memoria colectiva sobre el horror de aquellos años y, en esa medida, concurre al fortalecimiento del sistema democrático".

El ministro destacó el profundo significado que las condenas tienen para la provincia de La Rioja, pues "las muertes de los curas Longueville y Murias, tanto como la del obispo Angelleli, acaecida pocos días después, dejaron una profunda herida en todo el pueblo riojano, pero particularmente en los sectores más humildes, a quienes destinaron especialmente su tarea pastoral".

Por último, Álvarez sostuvo que "resulta ineludible enmarcar la resolución judicial en la firme política implementada por Néstor y Cristina Kirchner en materia de protección de derechos humanos y persecución y castigo de sus violaciones, pues con ella se ha contribuido decisivamente a superar la impunidad de la que gozaron los genocidas durante tantos años".