En 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner logró lo que parecía un milagro: reunió a José Manuel de la Sota y a Luis Juez.
De aquella reunión en la Rosada también participaron el ex intendente de Río Cuarto, Antonio Benigno Rins, el cordobés José López (a cargo en ese momento de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación) y Manuel Collazo, representante de las empresas Corporación América y Helport SA. que se habían asociado para elaborar y llevar a cabo el proyecto.
Todos ellos –menos Kirchner– difundieron la muy buena noticia de que “en tres o cuatro años más” cordobeses y riocuartenses iban a poder cubrir el trayecto que separa ambas capitales provinciales, “en una hora menos” de las tres que hoy insume esa travesía.
Pero el régimen legal de “iniciativa privada y asociación pública privada”, que le sirvió a Kirchner para favorecer a algunos empresarios amigos de su modelo, tiene riesgos. Se había acordado con la empresa de Eduardo Eurnekian una inversión rápidamente amortizable gracias a una tarifa de peaje de entre cinco y siete pesos. Con el tiempo y la inflación, los números dejaron de cerrarle a la empresa amiga y, ante la negativa de incrementar tarifa, el negocio quedó sin efecto. Un lustro después, viajar a Río Cuarto aún insume tres horas.
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