Brasil se ve a sí mismo como una potencia creciente, pero en un sentido aún pertenece a la vieja escuela latinoamericana: el gobierno está aumentando el gasto estatal para favorecer a su candidata en las elecciones presidenciales de octubre.

El aumento del gasto se está verificando en áreas como la previsión social, obras públicas y préstamos del banco estatal, que son usados tradicionalmente para captar votos.

El principal riesgo de esta estrategia política según inversores y autoridades podría ser una mayor presión inflacionaria, que ya preocupa, dado que la economía de Brasil está creciendo a un ritmo del 9% anual.

Pero el inmenso gasto también dejó al descubierto fisuras dentro del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y dio paso a un debate más amplio sobre el accionar del Estado en la economía.

Lula, un ex líder sindical de izquierda, logró ganarse el respeto a nivel internacional por aplicar una férrea administración fiscal durante sus ocho años de gobierno.

Sin embargo, los analistas afirman que esa disciplina intachable ahora se está perdiendo en momentos en que su ex jefa de Gabinete, la candidata oficialista Dilma Rousseff, enfrenta una cerrada disputa para las elecciones de octubre.

“El resultado fiscal de este año está bajo amenaza porque es un año electoral”, dijo desde Brasilia Raul Velloso, experto en finanzas públicas y crítico del gobierno de Lula. Y agregó: “Como aquí hay obras públicas de elevado valor, lógicamente hay un margen para acuerdos e intercambio de favores”.

Por su parte, Gray Newman, economista jefe para Latinoamérica en Morgan Stanley, dijo que los fuertes gastos son normales en la región en años de comicios, pero por otra parte describió las recientes medidas de Brasil son “extremadamente expansivas‘”

Pero el secretario del Tesoro Nacional de Brasil, Arno Augustin, negó en una entrevista reciente que los gastos se relacionen con las elecciones y agregó que reflejan inversiones a largo plazo en infraestructura y otras áreas estratégicas para conferirle a Brasil el estatus de país desarrollado en las próximas décadas.

Temores de sobrecalentamiento

Algunos de los propios funcionarios del gobierno de Lula mostraron recelo sobre el monto y el momento en que se verifica el gasto extra: mientras el presidente aprobaba un aumento del 7,7% en las pensiones en junio, el ministro de Hacienda, Guido Mantega, y su par de Planificación, Paulo Bernardo, manifestaron preocupación de que el gobierno no tenga espacio fiscal para el aumento, pese al rápido crecimiento económico.

Paralelamente, la recaudación impositiva aumentó un 16% interanual en mayo, ante un incremento del 19% en el gasto durante el mismo período.

El gobierno reconoció el riesgo de un sobrecalentamiento en la economía, por lo que recortó el gasto en algunas áreas. Estos ajustes adicionales al presupuesto del 2010, anunciados en mayo, sumaron u$s 5.700 millones.

A pesar de esta intención por controlar un desbarajuste económico, el aumento del gasto podría hacer más difícil para la próxima administración atraer el dinero que Brasil necesita para financiar su creciente déficit de la cuenta corriente, particularmente en la medida en que la crisis en la zona euro aleja a los inversores extranjeros de los activos de mayor riesgo, señalaron analistas.