Tras siete horas de sesión, la Cámara de Diputados sancionó la Ley de Libertad de Expresión, de Pensamiento e Información. El proyecto fue aprobado por el oficialismo, que era el único presente en el recinto. El encargado de presentarla fue el diputado Julio Braverman, quien adelantó, antes de comenzar el debate, que la expectativa de su bloque era grande.

"La ley se apoya en dos artículos de la Constitución Nacional, el que dice que una de las cuestiones que las provincias no delegan en la Nación es la libertad de imprenta. Y el otro, redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield, que dice que la Nación hará lo mismo, es decir que hay un acuerdo de mutuo respeto, de no invadirse en las cuestiones de prensa", detalló el legislador.

Ya en el recinto, durante su alocución, destacó cuáles eran, según su criterio, los artículos más importantes. Entre ellos el segundo, que dice que corresponden a la Provincia todas "las materias relativas a los servicio de difusión". El tercero, que garantiza el derecho de los ciudadanos una información veraz y a elegir libremente el servicio que quieran recibir. También mencionó el cuarto, que establece un Registro Público de frecuencias radioeléctricas otorgadas por el Consejo Consultivo de Libertad de Expresión, un organismo que crea el artículo siete.

Ese consejo estará formado por representantes de una ONG (Organización No Gubernamental), de una universidad de la Provincia y el Poder Ejecutivo local. Las autorizaciones que otorgará este consejo tendrán una duración indefinida, que sólo se podrá revocar en caso de que el medio deje de cumplir con los requisitos pautados para obtenerla. Hay sólo dos exigencias para estar autorizado: "Indicar el director, editor o emisor y su domicilio real y legal en el territorio de la Provincia". Y, para el caso de las radios, "asegurar un tiempo mínimo diario de doce horas de emisión".

Además de administrar las frecuencias, el Consejo Consultivo también podrá "elaborar reglamentos de alcance general y particular" y "prevenir o corregir prácticas anticompetitivas o discriminatorias".

Para Braverman esta reglamentación demuestra una clara tendencia del Ejecutivo local. "Ha si-do política del gobernador Alberto Rodríguez Saá impulsar este tipo de leyes que tienen vinculación con las cuestiones de Derechos Humanos, como la ley de Objetores de conciencia o la retribución de tierras a las comunidades originarias", destacó el legislador. Y no dejó de aclarar que protegerá los derechos de los puntanos de los embates de la Nación. "En primer lugar, nos sirve como un futuro paraguas por si alguna cuestión de la Ley Nacional de Medios nos llegase a perjudicar", explicó Braverman.