Carlos Salomón, el abogado de la ex rectora de la Universidad de La Punta, Alicia Bañuelos, denunció ayer ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al presidente de la Cámara del Crimen de San Luis, José Luis Flores, por supuesto mal desempeño de sus funciones.

Según Salomón, el camarista privó a la funcionaria de un derecho fundamental que tiene una persona denunciada: el de ser oída para poder defenderse. Flores afectó “irreparablemente la garantía de defensa en juicio”, escribió el abogado en su denuncia ante el Jury.

La acusación es una derivación de la investigación que comenzó por una denuncia de la empresa Nec contra Bañuelos, por supuesta falsedad ideológica. La multinacional le reclama al Estado de San Luis una deuda de más de seis millones de pesos por el mantenimiento de la Autopista de la Información durante 2006.

A un pedido de informes del entonces ministro de Hacienda, Alberto Pérez, Bañuelos contestó con los datos sobre los pagos que había realizado la Universidad de la Punta a Nec y con la sugerencia de que realizaran una auditoría externa para determinar el monto de la deuda.

Según el abogado de Nec, Ángel Rafael Ruiz, “la falsedad ideológica está en el ocultamiento que Bañuelos hace” en el informe al ministro Pérez. Pero la jueza Penal Nº 1 de San Luis, Mirtha Esley, determinó que no había méritos para imputar a la funcionaria por ningún delito y ordenó el archivo de la denuncia. Ruiz y el fiscal Ernesto Lutens apelaron ante la Cámara del Crimen la decisión de la jueza.

El abogado de Bañuelos sostiene que el presidente del tribunal violó el derecho de la ex rectora de la ULP porque no le pasó el expediente a su defensor por un plazo de nueve días, como correspondía, para que contestara a los argumentos de Ruiz y Lutens.

“Se trataba de un recurso concedido libremente, lo que implicaba que debía sustanciarse en la Alzada (la Cámara), bajo la dirección del presidente del Tribunal”, alegó Salomón en su denuncia. Sin embargo, dice, el 4 de julio de 2011, Flores ordenó que el expediente bajara al Juzgado de Instrucción para que le dieran participación a la defensa, que solamente dispuso de cinco días para hacer sus planteos, en lugar de nueve y ante la Cámara de Apelaciones, como establece el Código de Procedimientos.

Salomón ya había embestido contra Flores y los otros dos miembros de la Cámara del Crimen, Domingo Flores y Silvia Aizpeolea, porque el 22 de marzo de este año ordenaron que un juez de instrucción llamara a indagatoria a Bañuelos.