El vicegobernador y presidente de la Cámara, Luis Alberto Campo, y el titular del bloque del PJ, Daniel Lovera -impulsor de la iniciativa-, adelantaron que están trabajando en un proyecto que presentarán en la próxima sesión para modificar la resolución 44/84 que permita empezar a controlar en detalle las rendiciones de los subsidios que los diputados entregan a entidades. Hasta ahora sólo llegaba al Tribunal de Cuentas un recibo firmado por cada institución a la que se le otorgaban esos fondos, pero no una rendición que detallara de qué manera se había gastado ese dinero público. La sospecha es que éste es el origen de los abusos y el desvío de fondos de los subsidios entregados por diputados.

La medida de las autoridades surgió después del debate generado por la investigación de LA ARENA de la entrega irregular de esos fondos. El diario difundió que la Asociación Ser Solidario, vinculada a Carlos Alberto Rodríguez, un empleado de la Cámara y puntero del PJ, había recibido 171.800 pesos durante todo el año de todos los bloques de diputados.

El vicegobernador Campo, cuando fue consultado en ese momento sobre los controles, indicó a LA ARENA que "una forma de cambiar el sistema, es cambiar la reglamentación y adecuarla a la que tiene el Ejecutivo".

¿Cuál sería la diferencia? Que debería saberse el destino específico de esos fondos legislativos. Actualmente los diputados apenas tienen la obligación de entregar al Departamento Contable Financiero "los recibos suscriptos y conformados por las entidades beneficiarias"; pero no detallar los gastos.

Otorgamientos.

Luego de conocerse lo que recibía Ser Solidario, se supo que había otras asociaciones intermedias cuya actividad no es muy conocida, y de algunas es directamente desconocida para la prensa, a las que también los diputados les han otorgado dineros. Y que en su mayoría les pertenecen.

Por ejemplo, la diputada Mariana Baudino (PJ) le dio 57.000 pesos a su fundación, la Asociación Ideas en Acción de Caleufú (el 35 por ciento de todos los subsidios otorgados por la legisladora en 2010). Esa entidad es considerada "fantasma" en esa localidad y entre todos los fondos que recibió de diputados del PJ llegó a 76.700 pesos en el año.

Por su parte, Silvia Petitti (Bloque Radical Independiente), le dio a la Asociación Civil Cooperar de General Pico 56.500 pesos, a Ser Solidario de Santa Rosa 47.000 pesos y a la Asociación Civil Defensores de Los Hornos con 41.460 pesos. Mientras que Carlos Bruno (Frepam) le entregó al Centro de Estudios y Acción Municipal de Santa Rosa 27.500 pesos. En total, ese Centro recibió en el año 47.400 pesos.

La publicación de la entrega irregular de subsidios derivó en conocer otras "trampas" generadas por la falta de controles que encubrían maniobras de apropiación de esos dineros. Por ejemplo, en algunos casos, son un "retorno" de los subsidios hacia el mismo legislador para hacer actividad política o para solventar gastos personales. En otros, hay asociaciones que reciben esos fondos y que son utilizados para "triangularlos" hacia otras entidades sin personería o personas físicas que los han pedido y no pueden recibirlos porque la reglamentación lo prohíbe pues los subsidios legislativos, y que en determinados casos les "cobran peaje" por hacer este trámite.

En tanto, el PRO de la provincia informó poco después que iba a presentar un proyecto de ley para que se eliminen los subsidios legislativos, y que además "se estudia la posibilidad de avanzar en una denuncia penal".