El proyecto presentado por la diputada Mariel Gersel, fue aprobado este miércoles en la sesión legislativa. La norma servirá para informar a la población, en las boletas de servicios, sobre los números de teléfonos a través de los cuales se puede denunciar el flagelo del maltrato infantil y la violencia de género.
La Cámara de Diputados de la provincia aprobó hoy el proyecto de ley 2.429/12 a través del cual quedó establecida la publicación obligatoria de los números telefónicos destinados a efectuar denuncias por maltrato infantil y violencia de género en las boletas de facturación de servicios públicos. La iniciativa legislativa, presentada por la diputada Mariel Gersel, llegó al recinto legislativo a través de la aprobación unánime de la Comisión de Derechos Humanos.
La norma tiene por objeto educar a la población acerca de estas problemáticas, brindando una herramienta útil para dejar expuestos los conflictos familiares o de género. “Es un gran paso en el reconocimiento del problema y la toma de la decisión correcta para efectuar la denuncia”, destacó Gersel.
El creciente número de casos de violencia de género y maltrato infantil motivó la presentación del proyecto convertido hoy en Ley, al evaluarse que en la mayoría de las ocasiones las denuncias no se realizan por desconocimiento, falta de información, miedo o vergüenza.
Para recibir estas notificaciones están disponibles las líneas 102 para casos de maltrato infantil y 137 para problemas relacionados con la violencia de género. Esos serán los números impresos en las facturas de servicio para promover la prevención de estos casos que repercuten directamente en la salud física y psicológica de las personas, explicó la diputada.
“Debemos apelar a la concientización de la comunidad chaqueña para reducir los índices referidos a estas problemáticas y lograr avanzar en la lucha contra esos flagelos. Para ello la aprobación de este proyecto es un paso más en el combate contra las agresiones sobre los grupos vulnerables”, especificó Gersel.
La nueva ley determina que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, gestionará ante las empresas que tienen a su cargo la prestación de servicios públicos provinciales, la implementación de lo dispuesto en el texto aprobado. Por otro lado, a través de uno de los artículos se pide la adhesión de los municipios a la iniciativa.
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