Representantes de las querellas señalaron que esperaban el pedido de absolución expresado por las defensas de los imputados durante sus alegatos en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar, que entró en su etapa final. Sin embargo, para María Suárez Amieva, abogada de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), lo que más le sorprendió es el pedido de nulidad del juicio y además “que se ponga en duda la legitimidad del tribunal”.

Consideró que el planteo esgrimido por los defensores Hernán Corigliano, Paola Rubianes y Gerardo Ibañez es “un golpe bajo y sobre todo impertinente” no sólo por el juicio y el debate en sí mismo sino también porque “pone en duda numerosos mecanismos que son completamente legítimos y que están dentro de la estructura democrática que ha permitido llegar a esta instancia judicial. Me preocupa más que nada por el mensaje que deja”.

En su alegato, Corigliano, al igual que su colega Paola Rubianes, reclamó al Tribunal Oral Federal de Neuquén que se declare la nulidad absoluta del debate que juzga las violaciones a los derechos humanos en la región, indicando marcadas violaciones al derecho de la defensa en juicio.

Ambos coincidieron en señalar que se impone la nulidad de las audiencias en razón de que el presidente del tribunal, Orlando Coscia, y el vocal Eugenio Krom tuvieron una activa participación en el primer juicio por delitos de lesa humanidad contra ex jefes militares realizado en 2008.

Rubianes solicitó también la nulidad absoluta de las acusaciones manifestadas por el Ministerio Fiscal, representado por Marcelo Grosso, y las señaladas por las querellas del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), la APDH, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las pronunciadas por el abogado Marcelo Henriksen Velasco.

Suárez Amieva calificó como “caprichoso” el reclamo y recordó que el juicio estuvo suspendido dos años. “Cuando (las defensas) tienen una resolución que no es beneficiaria a sus deseos tienen que sacarlo a relucir en algún momento”, consideró.

También Corigliano como Rubianes hablaron de que lo que se tramita en esta causa no es una cuestión jurídica sino política. Sobre este punto Juan Cruz Goñi, querellante de la APDH, respondió que se trata de una estrategia para “desvirtuar y descalificar los procesos de juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido. Pero ello no significa que haya que despolitizar el análisis”. Y agregó: “Desde luego que subyace una cuestión política: estos juicios son el resultado de una lucha histórica que han planteado los organismos de derechos humanos, los sobrevivientes y sus familiares para obtener justicia. Esto es sin dudas una conquista política. Pero esta conquista también tiene un correlato jurídico: los hechos que se han probado en esta causa son claramente repugnantes con el orden jurídico interno, pero también con el sistema internacional de los derechos humanos”. Subrayó que “la lucha contra la impunidad es jurídica, política y ética”.

Pruebas y responsabilidades

Rubianes, además de poner en duda las pruebas concretas de quienes fueron responsables de los operativos, afirmó que las responsabilidades criminales se determinaron por descarte y no por pruebas. El fiscal Marcelo Grosso comentó que algunas de estas cuestiones van a ser motivo de réplicas -instancia que comienza el lunes- y otras no. “Es una apreciación y una opinión de la defensa que tiene que ser resuelta por el tribunal”, aclaró. “Pero esto da cuenta de que efectivamente las defensas pudieron ejercer sus derechos justamente de defensa más allá de lo que dicen”, agregó. Y reflexionó que “si logran hacer esta apreciación y esta crítica a la acusación de la fiscalía quiere decir que el ejercicio del derecho de defensa no ha sido vulnerado y ha sido plenamente ejercido”.

Por otra parte, Grosso atacó a los defensores que manifestaron que algunas de las víctimas que declararon “faltaron a la verdad” o “mintieron buscando un resarcimiento económico”. “Es delicado sostener algo así pero si es lo que creen están en todo su derecho”, afirmó. Marcelo Medrano, querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, aseguró que el planteo expresado por Corigliano y Rodolfo Ponce de León “es una falta de respeto”. Su colega Suárez Amieva dijo que “se trata de una ignorancia supina suponer que las víctimas estaban dispuestas a pasar por lo que pasaron en los centros clandestinos de detención por obtener un rédito económico, nadie puede someterse a eso con ese fin”.

Análisis político

En relación a los olvidos de las víctimas y de los imputados, Grosso hizo una diferenciación. “Cuando había olvidos por parte de las víctimas, eran achacables al paso del tiempo y cuando había olvidos del personal de seguridad de las fuerzas, estaba vinculada a esto de la memoria selectiva que apuntó Corigliano. Que una persona se olvide o se contradiga de que eran 3, 7 u 8 las personas que lo detuvieron es una cuestión que no quita que recuerde el hecho mismo de la detención”.

Sobre los dichos de Corigliano quien aseveró que este juicio es una venganza contra los enemigos del pasado, Cruz Goñi explicó que “la idea de la venganza que esgrime cierta defensa parte de la lógica de la guerra. En el léxico de la guerra, las víctimas son bajas, los hechos no son delitos, los victimarios no son criminales y, por lo visto, a la justicia le llaman venganza”. Y citó las palabras de un sobreviviente que declaró en una de las audiencias en este juicio que dijo: “Me han dado la oportunidad de, en nombre de todas las víctimas, elevar el nivel de la moralidad nuestra para romper de una vez por todas con esa acusación que dice que buscamos venganza cuando en realidad reclamamos justicia”.

Medrano también se refirió a este punto, específicamente a las expresiones de Corigliano quien dijo que la venganza comenzó en el año 2003 a partir de la asunción del presidente Néstor Kirchner. “La afirmación de Corigliano parte de un análisis político e histórico desde una matriz ideológica clara. Visión que se vio reflejada en el alegato que no es ni más ni menos teoría de los dos demonios agiornada y puesta de manifiesto en el alegato final”. No obstante, rescató -sin dejar de lado la ironía- que “está bueno que haya un defensor que hace un planteo ideológico claro en un marco histórico según la visión, desde mi punto de vista parcial y que no comparto, pero por lo menos estuvo puesto de manifiesto en este juicio”.

Por último, Goñi concluyó que las defensas en sus alegatos “han tratado de instalar la idea de una guerra” y que lo hacen desde un lugar interesado y legitimador. “Interesado porque pretender negar el carácter antijurídico de las acciones ejecutadas por los autores del genocidio y legitimador porque intentan justificar la violencia masiva y la vulneración de los derechos humanos”.