La lucha anti promoción va al Congreso

La lucha anti promoción va al Congreso
A las vías política y judicial, ya acordadas para frenar el decreto que prolonga las ventajas a las empresas que se instalen en provincias vecinas, ayer se sumó la legislativa: se llevará el planteo a la comisión bicameral encargada de analizar los DNU. Diferencias y apoyo.
Después de alzarse con una cuota de solidaridad y aval político que le extendieron los legisladores nacionales por Mendoza, el Gobernador Celso Jaque se juega una carta importantísima en el reclamo a la Nación por la promoción industrial para revertir el decreto 699, que firmó la semana pasada la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y prolonga ese beneficio para La Rioja, San Juan, San Luis y Catamarca.

En este esquema de poder y reclamo en bloque, los opositores le transfirieron a Jaque la responsabilidad de encabezar la batalla para lograr la derogación del decreto por medio de tres vías.

La primera es el camino político, que consiste en hacer oír al Gobierno nacional el malestar generalizado que reina en Mendoza y lograr un acuerdo que no perjudique a la provincia. La segunda es la judicial, teniendo como antecedente el fallo de la Corte contra los Decretos de Necesidad y Urgencia, según lo acordado el sábado con referentes de sectores empresarios. Y la tercera es la discusión legislativa.

"Por la vía parlamentaria, este decreto como una facultad delegada debe ser tratado en la comisión bicameral (al igual que los DNU) o, de lo contrario, se debe impulsar una ley para derogarlo. Si todo esto fracasara, hay que presentar un proyecto para incluir a Mendoza con algún beneficio de este tipo", explicó el diputado nacional cobista Ricardo Mansur.

Al cuarto piso de Casa de Gobierno llegaron ayer a la mañana Patricia Fadel, Guillermo Pereyra, Dante González y Adolfo Bermejo (que se retiró sin hablar) por el oficialismo. Los opositores estuvieron representados por el demócrata Omar De Marchi, los radicales Mariana Juri y Ernesto Sanz, y los cobistas Sergio Pinto, Laura Montero, Enrique Thomas y Mansur.

Los ausentes fueron los diputados nacionales Omar Félix y Jorge Alvaro, que no reporta a Jaque pero está alineado con el kirchnerismo.

Durante el transcurso de esta semana, o a más tardar la próxima, los legisladores esperan que se convoque a la comisión que analiza los decretos firmados bajo el paraguas de las facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo. La integran ocho oficialistas y ocho opositores (entre senadores y diputados) y el despacho luego se somete a votación en el recinto por la aceptación o no.

"Los oficialistas pueden demostrar que cambió algo", tiró Thomas. "El camino para el decreto es el tratamiento en la bicameral. Pero no hay que agotar todo en esta instancia y trabajar en una ley para derogarlo", insistió la diputada Montero.

"Se acaba de expedir la Corte sobre los decretos con facultades delegadas (en contra) y siguen insistiendo en ir por esa vía y no por el Congreso. Tenemos todo en la mano para que esto quede atrás", enfatizó Juri.

Pese al apoyo irrestricto, la oposición no firmó un cheque en blanco. "El Gobernador dijo que el decreto es absolutamente defectuoso y va a pelear por la derogación, espero que cumpla", desafió la senadora Montero. De Marchi, en tanto, espera que "no sea una nueva puesta en escena, en la que la semana que viene se suaviza el tema y después nadie más habla".

La intención que prima en el Gobierno provincial es revertir la decisión unilateral que tomó la Casa Rosada, prorrogando por 15 años más un régimen que estaba a punto de vencer, avanzando con la presentación de un amparo ante la Corte Suprema para suspender la aplicación del decreto y a continuación trabajar en la confección de una norma que se circunscriba sólo a La Rioja, eliminando las ambigüedades del actual decreto para desterrar la posible ampliación de la medida a San Juan y San Luis, fundamentalmente.

Esta estrategia le permitiría a Jaque salir a defender los intereses mendocinos y al mismo tiempo no enfrentarse abiertamente con la Nación y los Kirchner, a quienes se ha mantenido fiel estos años.

"Hay que hacerlo específico para La Rioja, que está con extrema pobreza. El amparo es la medida rápida que nos puede permitir frenar el decreto para sentarnos a renegociar", sentenció Fadel.

Vale recordar que el máximo operador kirchnerista, el mendocino Juan Carlos Mazzón, también se pronunció el viernes en contra de ampliar los beneficios. "No estoy de acuerdo con extenderlo a otras provincias", remarcó.

Por su parte el ministro de Producción, Raúl Mercau, consideró que llegó el tiempo de propiciar un "nuevo modelo de promoción industrial que se mucho más equilibrado".

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