En última sesión del año: juramento de Manzone y adhesión al “Pacto Social”

La iniciativa de ratificar el Pacto Social 2012 que es resistida por los opositores. Después de cuatro meses, en un encuentro de carácter extraordinario, los 18 concejales capitalinos debatirán la adhesión a la norma, con la cual se cederá los recurasos coparticipadles de la comuna capitalina a la provincia.
En su última sesión del año, el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, contará con la totalidad de sus miembros, ya que después de 4 meses, luego de idas y vueltas, la candidata a concejal por la capital, Sandra Manzone de la Coalición Cívica - ARI, acoplada al Acuerdo Cívico y Social (ACyS), podrá jurar en el cargo de edil. Posteriormente ya estará en condiciones de participar en el encuentro parlamentario.

Este viernes los concejales capitalinos se preparan en esta sesión de carácter extraordinario para ratificar el "Pacto Social 2012" que sancionó la Legislatura de Tucumán el jueves 22 de diciembre. Con ello el Departamento Ejecutivo municipal cederá sus recursos coparticípales a la Provincia.

Para el oficialismo tomar esta medida es aún necesaria para la ciudad ya que implicará un paso más en su desendeudamiento.

Ignacio Golobisky edil del oficialismo declaró que “el Pacto Social le generó muchísimos beneficios a la ciudad. Fue la ayuda tan importante de la provincia para poder generar no solamente obras sino tranquilidad sobre los empleados municipales”.

Además destacó el concejal que "esta normativa apuraría a avanzar en el desendeudamiento".

"Amayistas" y "alperovichistas", en conjunto, ratificarán la norma este Pacto. Norma que le permitirá, al intendente, Domingo Amaya, garantizar el pago de los haberes a los más 4.000 empleados municipales, y establece que la Municipalidad de la capital recibirá el próximo año $ 609 millones para afrontar la planilla salarial, más los incrementos que se producirán cuando los gremios provinciales pongan en marcha a la paritaria salarial, en marzo del próximo año

El "Pacto Social" es una herramienta legal por la que los municipios le ceden al Gobierno provincial la totalidad de su coparticipación, a cambio del pago de los sueldos y de la realización de obras públicas. Por este motivo, Amaya no sólo tendrá asegurado el pago de los sueldos.

El convenio prevé también la asignación a la Municipalidad de $ 77 millones para obras de infraestructura, fundamentalmente.

En el "Pacto Social 2012", el municipio de la capital contará con $ 200 millones más que en 2011 para abonar al personal. El gasto en obras públicas no tuvo ningún incremento respecto de lo asignado para el año en curso.

Por su parte la oposición considera que se trata de delegación de la autonomía municipal.

El legislador provincial Ariel García de la Unión Cívica Radical (UCR) denunció que "con la aprobación del Pacto Social el oficialismo autoriza a los intendentes a malversar recursos".

Sobre el particular García se expresó diciendo que "Alperovich utiliza la mayoría automática para garantizar no sólo que no haya control sobre los recursos del Estado, sino que sean utilizados como les venga en gana a los intendentes".

"Lo más preocupante -añadió García en un comunicado- es que se autoriza, sin ningún tipo de vergüenza, que los recursos destinados para un objetivo, sean aplicados para otros, con un simple y liberador criterio de la voluntad de cualquier intendente".

Comentá la nota