Mientras, y al menos en los primeros 7.700.000 pesos aprobados por la cartera ambiental para los proyectos 2010 (que se empezaron a pagar este año), 6.715.384 pesos fueron destinados a particulares y empresas (entre las que se encuentran

El Tabacal, Inversora Juramento, y hasta familiares de intendentes, legisladores y funcionarios), mientras que 460.132 pesos se distribuyeron entre cinco comunidades indígenas. Este no fue el único resultado hasta ahora conocido. Pues por la repartición de los fondos sin disponer los controles pertinentes se detectó un intento de defraudación al Estado.

Y es que hubo proyectos presentados por personas que se hacían pasar por titulares de tierras en las que se iban a realizar las acciones de conservación, con la supuesta intención de cobrar el dinero. La situación fue detectada por el Banco Macro y se encuentra bajo investigación de la Justicia Federal. Según había explicado el funcionario ante los legisladores tras el descubrimiento de esta situación, hubo apuro por presentar los proyectos 2010 en tanto el tiempo que se había otorgado desde Nación para desembolsar el dinero había sido escaso.

Según lo indicó López Sastre, estos 31 millones de pesos para 2011 conforman el 70% del Fondo Compensador establecido por el artículo 35 de la Ley 26.331.

Respecto de los proyectos del año pasado, el funcionario sostuvo que se encuentran bajo los esquemas de la conservación unas 170 mil hectáreas enmarcadas en los planes de elaboración que corresponden a 2010.

A la consulta sobre la posibilidad de que campesinos accedan a los fondos López Sastre mencionó el convenio rubricado con el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de Salta (COPAIPA), y que se encuentra analizando la posibilidad de firmar un acuerdo similar con el Consejo de Ciencias Económicas" para facilitar el cumplimiento de las actividades contables y rendición de cuentas de cada uno de los proyectos a financiarse".