Por criminalizar la pobreza mediante denuncias contra las personas en situación de calle. “El gobierno porteño viola la Convención de los Derechos del Niño y se dedica a denunciar a personas en situación de calle”, opinan los denunciantes.
Claudio Lozano y Liliana Parada (Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur) ratificaron esta mañana la denuncia presentada el viernes 30 de julio ante la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 14, contra Mauricio Macri y otros funcionarios del Gobierno porteño, señalando sus responsabilidades por criminalizar la pobreza mediante denuncias contra las personas en situación de calle.
La denuncia, -que también imputa a la Ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, el Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, José Luis Acevedo, así como a los integrantes del Consejo de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes-, está basada en las ocho denuncias realizadas a mediados de julio por los miembros del CDNNyA de la ciudad, contra personas en situación de calle que se habrían negado a trasladarse a los paradores. Sin embargo, tanto la Fiscal Claudia Barcia, como la jueza interviniente, la Dra. Cristina Beatriz Lara, rechazaron las denuncias presentadas por los funcionarios porteños, mientras que el Asesor Tutelar N° 1, Gustavo Moreno, produjo un duro informe donde afirma que esta acción "se encuadraría en dejar a salvo sus responsabilidades personales, a la luz de la ineficiencia de los órganos del Poder Ejecutivo que representan”.
Al respecto, los diputados Lozano y Parada afirmaron que “el Poder Ejecutivo realiza estas denuncias luego de haber sido artífice del aumento exponencial de la cantidad de personas en situación de calle, mediante desalojos administrativos, y luego de haber instalado el temor con la creación de la hoy disuelta UCEP, una patota que amenazaba y golpeaba a las personas en situación de calle para que se vayan del único lugar que les quedaba al perder sus viviendas: el espacio público”.
Los diputados destacaron que “los paradores son públicamente conocidos como espacios adversos para las personas en situación de calle, con dificultades para su ingreso y donde históricamente debían retirarse a la madrugada porque cerraban de día”. Asimismo, señalaron que “el sistema socio asistencial de la Ciudad no constituye una verdadera política pública destinada a recomponer las redes sociales de las personas en situación de calle y a recuperar un proyecto de vida para estas familias, sino todo lo contrario; es un verdadero agujero negro donde los porteños que atraviesan las situaciones de mayor vulnerabilidad, son atrapadas por paliativos espasmódicos y fragmentados”.
Finalmente, concluyeron que “es una vergüenza que el ejecutivo porteño, violando la Convención de los Derechos del Niño, se dedique a denunciar a las personas que están en situación de calle, mientras incumple los deberes de funcionario público”.
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