El dirigente de Unión Popular en el Frente de Todos y director del Banco de la Nación Argentina, Claudio Lozano, afirmó que la estrategia del Gobierno de tener "una actitud de acuerdo y de diálogo con los sectores que tienen su poder la capacidad de incidir en el tema de la evolución de los precios no ha dado resultado", y reclamó "pasar a tener una actitud mucho más firme y de más rigor".

Además, criticó fuertemente la designación de Daniel Funes de Rioja al frente de la Unión Industrial Argentina ( UIA) al sostener que al frente es una demostración de lo poco que tiene que ver hoy esa institución con la industrialización en la Argentina.

A continuación, la entrevista completa:

-¿Cómo analiza las tensiones que se generan en el oficialismo?

-La existencia de discusiones al interior del oficialismo no debería sorprender. Son situaciones lógicas dentro de una coalición electoral, donde hay distintas fuerzas que tienen visiones y matices sobre diferentes temas. Por otro lado, se está dando esa discusión en un escenario complejo en la Argentina en materia social. Estamos discutiendo el tema de los aumentos tarifarios en un contexto donde la última medición del Indec dio 45,3% de la población en situación de pobreza, en donde pese a la recuperación de la actividad económica seguimos teniendo la misma pobreza que en el momento más estricto de la cuarentena, y en donde la evolución que han tenido los precios prácticamente desarmó la política económica del Gobierno.

-¿Y cuál era la pauta de esa política-económica?

-El Gobierno pretendía, con las pautas que estableció en el Presupuesto, una evolución económica basada en la recomposición del poder adquisitivo y lo cierto es que no está ocurriendo, y consecuentemente provocó que la recuperación de la actividad económica haya quedado concentrada de manera muy clara en el sector exportador y en algunas regiones del mercado interno. Y fue absorbida básicamente por los principales formadores de precios de la economía argentina, generando una lógica de desigualdad en el proceso de recuperación de la economía, que es francamente contradictoria con la voluntad del Gobierno. Eso alimenta discusiones.

-¿Las discusiones fortalecen o dividen?

-Es bueno que se den las discusiones porque en determinadas fuerzas políticas en donde no existen estos debates, el resultado es que no se tenga en cuenta la siuación social. De hecho, los planteos tarifarios asociados a las recomendaciones del FMI han producidos verdaderos desastres en términos de situación social en diferentes países de la región en los últimos tiempos. Sería deseable que en la Argentina no tengamos efectos de esa naturaleza. Por eso hay que dar un debate primero sobre la necesidad de la recomposición de la situación social; segundo, sobre cuáles son las causas que están realmente por detrás del fenómeno inflacionario; y tercero, discutir en serio el tema de la situación energética para no quedar en una suerte de visión tramposa, donde pareciera que todo se resuelve pasando a tarifas los subsidios que hoy está poniendo el Estado en el sistema energético.

-¿Hay errores en el manejo de la inflación?

-Hay tres razones concretas en materia económica y una de carácter político que están definiendo por qué no se le pone el cascabel al gato. En materia económica, la primera es la relación entre precios internacionales y precios internos. Tanto en el caso de las commodities, como en el caso de algunos insumos, como el caso de la energía o del acero. En todos estos casos tendrían que existir mecanismos regulatorios o instrumentos, como pueden ser las retenciones, para desacoplar los precios internacionales de los internos. En este sentido, las cosas se han hecho de manera muy débil o directamente no han existido.

-¿Qué otros puntos económicos inciden?

-En segundo lugar, hay una situación concreta donde lo que permiten los mercados oligopólicos, o la existencia de conglomerados que tienen la existencia de empresas propias en una misma cadena de producción, es la posibilidad de independizar los precios de los costos. Acá hay que tener una estrategia muy firme para impedir ese tipo de comportamiento, donde el Estado no tiene que actuar sólo, sino que tiene que actuar con toda la fuerza de la ley y acompañado por el resto de los actores de la cadena de producción, que son aquellos productores de menor tamaño y quienes trabajan en esa cadena. Y al mismo tiempo, el Estado no debe eludir la posibilidad de poner en marcha mecanismos de producción o de distribución en cada cadena que desplacen los comportamientos dominantes. Y la tercera cuestión es la inercia inflacionaria que hay en la Argentina.

-¿Cuáles deberían ser las medidas?

-Regular y desacoplar precios internacionales, disciplinar el comportamiento oligopólico y congelar precios, fundamentalmente de alimentos e insumos difundidos y energía, es absolutamente clave para frenar la inflación. Y un punto carácter político: el Gobierno se ha venido manejando en una actitud de acuerdo y de diálogo con los sectores que tienen su poder la capacidad de incidir en el tema de la evolución de los precios, y esa actitud no ha dado resultado por lo cual hay que pasar a tener una actitud mucho más firme y de más rigor ante quienes ponen en vilo la situación de la Argentina con el comportamiento que tienen en materia de precios.

-Funes de Rioja, de alimentos, fue designado presidente de la UIA, ¿será más dura la posición industrial?

-No es que se han hecho más fuertes, han mantenido una conducta de evolución de precios absolutamente disociada de la estructura de costos que tienen. Ha sido una situación, en un contexto como el de la pandemia, miserable la actitud que han tomado los formadores de precios y sobretodo el rubro Alimentos. Siguen sosteniendo la bandera de la confrontación en este plano en lugar de allanarse a una discusión seria sobre los verdaderos costos que tienen. Por otro lado, es toda una señal que la institución, que se supone debe ser señera en el desarrollo industrial, esté capitaneada por los representantes de la industria de la Alimentación. Antes teníamos al señor (Miguel) Acevedo, integrante del directorio de la Aceitera General Deheza, del complejo agroindustrial. Claramente la Unión Industrial Argentina no está conducida por una estrategia industrialista que privilegie el desarrollo del valor agregado y en desarrollo tecnológico de la Argentina. Estamos hablando de una UIA conducida por el segmento más primario del desarrollo industrial, basado en las ventajas naturales que la Argentina tiene. Y la verdad es que cualquier desarrollo industrial serio exige dos componentes básicos en términos de precios relativos: alimentos y energía baratos para poder sostener focos de producción bajos y salarios reales altos. La presión por tener costos energéticos altos por parte de las petroleras, o de tener precios de la alimentación altos la verdad va a contramano de cualquier sendero industrial. El tema de que estén ellos al frente de la UIA es una demostración de lo poco que tiene que ver hoy esa institución con la industrialización en la Argentina.

-Las pymes hablan de la necesidad de un segundo empujón de financiamiento, ¿cómo está ese segmento?

-Existe el crédito y existen tasas del 24% que son negativas respecto al promedio de la inflación. Obviamente esa tasa tiene que evaluarla cada sector respecto de su propio horizonte de precio. Ha habido una tendencia, sobre todo por parte de la banca pública y en el caso del Banco Nación es evidente, de privilegiar al segmento de la pequeña y mediana empresa en el tema de asignación del crédito. El BN garantizó créditos por $230.000 millones durante el 2020 para alrededor de 115.000 unidades económicas, que se tratan de créditos chicos que vino a desconcentrar la oferta de créditos respecto a los términos que tenía en la gestión anterior. El ejemplo más palpable es el caso de Vicentin, con USD300 millones.

Existen créditos a la inversión, que ciertamente tienen tasas preferenciales respecto a los créditos para capital de trabajo y que de hecho existen múltiples líneas de crédito acordadas entre el Banco Nación y los ministerios tanto para las pymes agropecuarias como para la transformación digital de las pymes, como para desarrollar el mercado de motocicletas. Con tasas bonificadas sobre el 24% del banco la tasa baja bastante, incluso hasta el 12%. O incluso con las actividades en situación crítica como es el tema del turismo, la gastronomía, en donde hay créditos a tasa cero para el primer año.

-¿Cuál considera que debe ser el camino a seguir?

-Hay bastante activismo por parte de la gestión oficial. Hoy la prioridad la tiene el capital del trabajo antes que la inversión por la envergadura que tiene la capacidad ociosa de la economía argentina. Lo que tenemos como problema, y es lo que los precios no permiten resolver, es esa capacidad ociosa que hay que ocupar para darle más vigor al proceso de invertir, porque nadie lo va a hacer cuando la capacidad ociosa es de la magnitud que tenemos hoy en la Argentina. El tema es usar la capacidad que ya está invertida y no se usa. Por lo tanto, el financiamiento para el capital del trabajo es lo que prima y para que eso pase tiene que haber demanda y para que haya demanda tiene que haber poder adquisitivo. En tanto no resolvamos el problema de los precios, lo que termina pasando es esto que ha venido ocurriendo desde mayo del año pasado para acá: ha habido recuperación de la actividad económica, pero el mercado interno basado en el consumo popular, en el consumo de las mayorías se mantiene débil porque no ha habido recomposición de la capacidad de poder adquisitivo de la población, ni de los salarios, ni las jubilaciones, ni de los que dependen de los planes sociales y demás. Esto hace que el mercado interno tenga hoy todavía una situación de cierto letargo que estanca la actividad económica y que tiene menos impacto en el empleo, hay mucha actividad económica vinculada a la demanda del mercado interno, entonces si no se dinamiza la actividad sigue estando restringida a ciertos sectores que dependen del grupo agroexportador y consecuentemente con un impacto social mucho menor. Así que el crédito que hoy hay disponible va a tener mucho más impacto y efecto a partir de que tengamos recomposición en materia de ingresos y más demanda en el mercado interno.

-En cuanto a Vicentin, ¿en qué situación está hoy la investigación y por dónde es el camino a seguir?

-Todo lo investigado es muy claro respecto a que desde el año 2012, 2013 la empresa Vicentin comenzó un proceso de vaciamiento, que implicó colocar buena parte de su estructura patrimonial en Uruguay a partir del holding Vicentin Family Group, dejando en cabeza del que era el holding Vicentin Argentina solo lo que eran las deudas. En esos procesos se produjo un proceso de internacionalización del grupo que implicó derivar fondos al exterior sobre la base que terminaron en cuentas particulares y paraísos fiscales. Todo eso está a la orden del día. Hay investigaciones concretas que muestran como terminó esta historia. El concurso está bastante amañado, donde el juez ha jugado muy a favor del grupo, y en ningún momento se ha preocupado de demostrar lo que había que demostrar y para que la cosa evolucionara adecuadamente, que es que el holding Vicentin Uruguay tenga los mismos accionistas que el holding Vicentin Argentina, lo que es una primera demostración para poder ir sobre el primer grupo empresario y es algo que no se ha hecho.

Del mismo modo que hubo una actitud de parte del juez de seguirle la corriente a la empresa, y esto está llevando a lo que todos preveíamos, es que se encuentre una solución a través de una capitalización de determinados adquirientes privados, a partir de uno de los socios de Vincentin de capital extranjero, Glencore, asociado con Molinos Agro, termine entrando más en el mercado de granos y extranjerizándolo aún más haciendo que la Argentina tenga menor control que el que ya tiene sobre la oferta de divisas. Esto en alguna medida está planteado en el horizonte si es que no hay una reacción por parte del único que podía reaccionar que es el estado nacional y provincial, viendo como ya a esta altura la situación social ha cambiado. Los trabajadores de Vicentin están reclamando que el Estado se haga cargo de la situación; los productores que sienten que en este esquema terminarán cobrando a los premios; y situación del registro de crédito de la banca pública. Para que no se termine de consumar el fraude es necesario que vuelva a intervenir el Estado.