El justicialismo impulsa en la Legislatura "una demanda ambiental" ante la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Mendoza por la utilización de las aguas del río Atuel.
El proyecto tuvo el apoyo de toda la bancada, y en los fundamentos se señala que hace 60 años que "nuestra provincia viene sufriendo el uso total e inconsulto por parte de Mendoza de las aguas que debieran ser compartidas del río Atuel". Hace referencia a aspectos de la historia de los sucesos, como la construcción del Complejo los Nihuiles con sus centrales hidroeléctricas, el comienzo del juicio por parte de La Pampa, la autorización a Mendoza de regar con aguas del río Atuel hasta 75.000 hectáreas, las intenciones de distintos gobiernos pampeanos de reestablecer el caudal, pero siempre cayendo "en saco roto, abandonado siempre por Mendoza".
Convenio incumplido.
Lovera puso énfasis en el convenio de 2008, donde se llega a la propuesta de recuperar caudales con obras de impermeabilización en Mendoza y su área de distribución. Si bien nuestra Provincia cumplió con la aprobación legislativa, Mendoza aún no lo hizo.
"Por ese motivo en esa larga historia de desencuentros" es que los legisladores peronistas piden que el Gobierno provincial se constituya como querellante de todos los pampeanos, a fin de promover una demanda ambiental desde la protección de nuestra constitución nacional.
El jefe de la bancada del PJ menciona lo que hizo La Pampa para avanzar en el tema del Atuel, como la creación de la Secretaría de Recursos Hídricos, la desertización creciente, al éxodo poblacional, los cambios sociales acaecidos, la producción nativa devastada y además los parámetros ponderados en los estudios de la UNLPam sobre la pauperización generada en el oeste.
Finalmente Lovera expresó su confianza en el espíritu de la Constitución Nacional y en las leyes ambientales y señala que "estamos en momentos históricos en que la valuación ambiental pasa a ser una alícuota real de la vida de los pueblos y la producción mundial".
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