Ayer, el presidente de Concejo Municipal, actualmente a cargo de la intendencia, Jorge Maina; la secretaria de Desarrollo, Suelo y Vivienda, Mariana Nizzo; el coordinador del Area de Vivienda de la Municipalidad, Marcelo Riberi; el titular del Instituto Municipal de la Vivienda, Daniel Bassano; y el conductor Ejecutivo del IMV, Marcelo Bersano; ....
se reunieron con el secretario de Medio Ambiente provincial, César Mackler; el secretario de Estado del Hábitat, Gustavo Leone y el subsecretario de Planificación y Gestión, Pablo Avalos.
En el encuentro se informó lo que ya habían anticipado los funcionarios locales a los concejales el lunes pasado: todas las nuevas urbanizaciones van a tener que ser remitidas a la Secretaría de Medio Ambiente para que las categoricen. A partir de esto, la mencionada dependencia definirá si esos desarrollos inmobiliarios van a ser sujetos a estudios de impacto ambiental o no.
Entre las urbanizaciones rafaelinas se encuentran las que figuran en el convenio firmado por el intendente Luis Castellano y el gobernador Antonio Bonfatti hace poco más de dos meses.
En la tarde de ayer se supo que Jorge Maina, presidente del Concejo Municipal a cargo de la Intendencia hablará con los concejales para que el lunes el ejecutivo pueda subir para profundizar los detalles de la reunión mantenida con funcionarios provinciales en Santa Fe.
CINCO PARA 15.000
Pero los inconvenientes con respecto a esta forma de trabajo ya salieron a la luz. Tal es que una publicación rosarina titula “Loteadores muy molestos con atraso de medio ambiente”. En la nota se explica que “el Gobierno provincial se puso duro con los desarrolladores urbanos exigiendo infraestructura y servicio a los nuevos loteos en las afueras de la ciudad”.
Posteriormente cuenta que “para presionarlos tienen bloqueadas las escrituraciones hasta que no se pongan en línea. La presión dio resultado y los desarrolladores presentaron sus planes de adecuación”.
“Pero el problema ahora es que la secretaría de Medio Ambiente que es la que tiene que darle el visto bueno está muy retrasada y no es para menos”, explican en la revista que describe que “hay 15 mil expedientes y no llegan a 5 los funcionarios” que tienen que dar el visto bueno.



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