El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, advirtió que el bloqueo del puente San Martín "no se puede sostener", mientras el intendente del departamento uruguayo de Río Negro, Omar Lafluf, manifestó su "esperanza" de que la Justicia argentina ordene liberar el paso. En tanto, los asambleístas de la ciudad entrerriana de Gualegaychú siguieron ayer en reuniones con abogados para acordar qué posición adoptarán ante un eventual fallo de desalojo del enlace, donde mantienen un corte desde 2006 en repudio de la planta de celulosa de Botnia (ahora, UPM). Lorenzetti advirtió que "el corte del puente no se puede sostener después de tanto tiempo" y enfatizó que "no puede funcionar así una sociedad". Argumentó que puede haber "una pelea" entre los manifestantes entrerrianos y las personas que quieren "cruzar" el enlace internacional."Tenemos muchos costos invisibles en la conflictividad social y los pagan los que no están organizados, como todos los ciudadanos que no pueden cruzar por el puente. Pero, el día que se organicen, tendremos una pelea de los que quieren cruzar contra los que no quieren que crucen", dijo Lorenzetti.

El magistrado, además, adujo que "una cosa es que alguien quiera llamar la atención en un momento donde no funcionan las instituciones, como ocurrió en el 2002, cuando nacieron los cortes en Argentina. Pero, fuera de eso, no tienen justificación".

Sin embargo, admitió el derecho a reclamar en la vía pública durante un lapso mucho menor, con el fin de lograr la "visibilidad" de una "protesta social".

Por su parte, el intendente del departamento uruguayo de Río Negro, cuya capital es Fray Bentos, donde está instalada la planta de Botnia, manifestó su "esperanza" de que la Justicia argentina ordene liberar el puente. Además, criticó al gobierno argentino al considerar que "no ha hecho nada" durante los últimos años "para levantar" el bloqueo de tránsito.

"Siempre que se abre alguna puertita, tenemos expectativas y alentamos las esperanzas de que así pueda ser", dijo Lafluf al referirse a un nuevo pedido a la Justicia argentina para que ordene liberar el puente y el cambio de estrategia de la administración de Cristina Fernández frente al corte.

El 20 de mayo, el abogado Juan Drabble, representante de un grupo de vecinos de Gualeguaychú opuestos al piquete, presentó una denuncia judicial para desalojar el paso fronterizo.

El miércoles quedó de manifiesto el cambio de estrategia del gobierno argentino frente al corte en la conferencia conjunta que brindaron en Uruguay los presidentes José Mujica y Cristina Fernández.

La jefa de Estado manifestó su desacuerdo con el bloqueo y, aunque aclaró que no ordenará reprimir a los asambleístas, marcó como una deficiencia que la Justicia argentina no condene el método de protesta. Al día siguiente, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior argentinos, Aníbal Fernández y Florencio Randazzo, expresaron que, si la Justicia ordena el levantamiento del piquete, el Gobierno cumplirá con esa decisión.

Sin embargo, el intendente del departamento uruguayo de Río Negro fustigó a la administración argentina al evaluar su posición desde el comienzo del conflicto por las papeleras, cuando los asambleístias efectuaban bloqueos esporádicos, que derivaron en el corte permanente que empezó en 2006. "Durante los últimos cinco años, (el gobierno argentino) no ha hecho nada para levantar el corte", concluyó.

En tanto, los asambleístas de Gualegaychú siguieron en reuniones con abogados, para acordar qué posición adoptarán ante un eventual fallo de desalojo. Los manifestantes realizaron un acto al celebarse el Día Mundial del Medio Ambiente y protestaron frente al consulado de Uruguay en la ciudad entrerriana. Además, publicaron una proclama para pedir al gobierno del país vecino que "abandone el modelo celulósico-forestal que le imponen desde el Hemisferio Norte".