Teniendo en cuenta la forma en cómo se desarrolló el debate parlamentario en torno a la facultad otorgada al PE para que contrate de forma directa, las concesiones, permisos de explotación y alquileres necesarios para concretar emprendimientos comerciales en Lomas de Tafí, todo hacía prever que la divisoria entre oficialismo y oposición se patentaría nuevamente en esta temática.

Sin embargo, dos radicales, Ariel García y Silvia Elías de Pérez, lograron que se introdujeran modificaciones en el articulado de la norma, lo que posibilitó que este par de legisladores acompañen la norma impulsada por el oficialismo.

Más allá de esto, la bancada oficial no logró esquivar las objeciones que recalcaron dos aspectos centrales de la iniciativa, como ser la prescindencia del proceso licitatorio además de la autorización para que el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU) lleve a cabo las operatorias respectivas, en lugar de la Municipalidad de Tafí Viejo.

José Teri sostuvo, para avalar lo determinado por el justicialismo, que "los municipios tratan de llevar los centros comerciales a donde la gente los necesite y, de este modo, evitar que se movilicen hacia las cuatro avenidas, colmadas de estos locales".

Elías de Pérez, cuestionó en un primer momento que se vulneraba el régimen municipal ya "que se reemplaza a las autoridades elegidas por el pueblo por el interventor del IPVDU. No se puede llevar por delante a las instituciones", había sostenido la correligionaria.

Roque Tobías Álvarez refutó este tipo de críticas al indicar que tanto el final de obra como así también los pliegos de contratación fueron elaborados por el propio municipio a través de la Secretaría de Obras Públicas, teniendo en cuenta ordenanzas dictaminadas para tal fin.

En tanto, Federico Romano Norri consideró que la contratación directa "es un mecanismo poco transparente", al tiempo de alegar que "se autorizarán nuevos gastos para pequeños emprendimientos sin fijar montos, topes o criterios, por lo que esta norma significa un cheque en blanco".

Alejandro Martínez, ex intendente de la Ciudad del Limón, precisó que la iniciativa es la indicada ya que "al ser una ciudad planificada, no se puede instalar todo tipo de emprendimientos. No desvirtuemos el proyecto", indicó el oficialista.

Seguidamente, Carolina Vargas Aignasse, insistió en la necesidad de aprobar la normativa al destacar que el espacio determinado para la radicación de los locales (4,4 hectáreas de espacios verdes) "no se deben dejar vacíos y dar lugar a usurpaciones e ineficiencias urbanísticas que den lugar a hechos de inseguridad".

Finalmente, José León, sostuvo que la licitación "es un atentado a la urgencia de las necesidades de la gente que allí habita, por ser un proceso largo y burocrático", argumentó el peronista.