Tras la última sesión del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, el presidente del Cuerpo, Santiago Carasatorre respaldó la iniciativa aprobada para la creación de una Comisión Evaluadora de Proyectos de demolición y consideró que su par del radicalismo, Gregorio Santos, incurrió en “un error” al señalar que de esa manera se “van a transferir responsabilidades”

“Por las declaraciones de Santos, me parece que está equivocado porque él se agarra de un artículo de la carta orgánica que dice que el Concejo deberá reglamentar y nosotros de esta forma hemos reglamentado que se va evaluar aquellas edificaciones anteriores al año 60 si están en condiciones de demoler o no y con qué motivos se demuele”, explicó el edil del Frente para la Victoria (FpV) en diálogo con Info Región.

En ese sentido, explicó que hasta el momento, “una sola firma de un director municipal dejaba demoler un edificio que quizá tenía un valor histórico” para el distrito y que la comisión “va a evaluar cada uno de los casos”

El proyecto en cuestión consiste en la creación de un grupo que estará integrado por miembros del Concejo, el cual deberá analizar la situación de las casas y edificios construidos antes de 1960 que tienen un pedido para ser demolidos. El objetivo, de acuerdo a lo explicado en la sesión del viernes, es colaborar para “preservar el patrimonio histórico” del distrito.

En tanto, si bien habrá que esperar hasta que este proyecto se reglamente, Carasatorre adelantó que en esta comisión “deberá haber concejales del oficialismo y de la oposición” además de integrantes de la Jefatura de Gabinete. También está la posibilidad de que se agregue algún profesional de acuerdo al pedido que el concejal Julio Fornelli hizo en el recinto.

Otro punto que deberán tener en cuenta son los recursos económicos con los que tendrá que contar el municipio para enfrentar esta iniciativa, algo que, según señaló el titular del Cuerpo, “se evaluará” una vez que esto se oficialice.

Por otro lado, valoró que todos los bloques le hayan dado el visto bueno a la ordenanza enviada por el Ejecutivo para limitar la altura de las construcciones en zonas residenciales.

“Era un pedido que muchísimos vecinos le venían haciendo al intendente sobre el tema de las alturas porque estaban haciendo edificios en zonas residenciales, él entendió con buen tino que se debía bajar a 8,40 metros, y eso fue lo que se hizo porque era lo más conveniente para el distrito. También era un pedido de la oposición”, aseguró.