El ex juecista Rubén Borello fue el único legislador no peronista que acompañó al oficialismo.
La readecuación de los sueldos de los jueces cordobeses con sus pares federales fue dispuesta por la Ley 9.725, sancionada el 27 de diciembre de 2009, a instancias de un proyecto del entonces gobernador Juan Schiaretti.
La equiparación se venía produciendo progresivamente desde hace dos años y debía entrar en vigencia este mes.
Pero, a último momento, el gobernador José Manuel de la Sota convocó a una sesión extraordinaria de la Unicameral para diferirla por 10 meses, justificando ese decisión en la situación de asfixia financiera que atraviesa la Provincia a causa de los 1.700 millones de pesos que le debe la Nación.
La estrategia del bloque de Unión por Córdoba que preside Sergio Busso fue bajar al recinto el mismo discurso del Ejecutivo y evitar entrar en un debate de confrontación con la oposición.
Por eso la legisladora oficialista Mabel Genta, quien fundamentó el proyecto insistió en que la postergación “no implica dejar de lado la voluntad política de la equiparación” si no diferirla a causa de los 1.700 millones de pesos que le debe la Nación a Córdoba.
Sostuvo que Unión por Córdoba ha sido la fuerza que “más ha hecho por el Poder Judicial y su independencia” y compartió que la equiparación afianza su “autonomía”.
En el PJ llamó la atención la ausencia de José Pihen, legislador y titular del SEP.
Desde la oposición hubo más de un cuestionamiento político contra el oficialismo por no respetar la “institucionalidad”. También se debatió si la equiparación salarial es una condición para la “independencia” de la Justicia.
Desde el Frente Cívico, Roberto Birri recordó que en 2009 esa fuerza no acompañó la equiparación pero rechazó que la deuda nacional sea la única causa para no implementarla.
Criticó que la anterior gestión gastó millones de pesos en obras no prioritarias por “razones electorales”.
Birri acusó a De la Sota de incumplir la promesa que le realizó a la Asociación de Magistrados de Córdoba de que respetaría la equiparación. “Las leyes están para cumplirse” reprochó le legislador juecista y dijo que la decisión del Gobierno “es letal para la credibilidad”.
Desde la UCR recordaron que en 2009 apoyaron la equiparación, pero justificaron el rechazo a la postergación en no avalar la mala administración de la anterior gestión. “Se gastaron la plata en otra cosa y no provisionaron”, argumentó el titular del bloque Luis Brouwer de Koning.
Aurelio García Elorrio marcó la diferencia y propuso la derogación de la ley de equiparación y la constitución de una comisión que defina los sueldos de los tres poderes. “Tenemos un buen Poder Judicial, pero la remuneración no hace a la independencia”, subrayó.
También tuvo una intervención el peronista Juan Cid intentó dar una clase de Derecho Constitucional y generó algunas sonrisas entre sus pares.
A diferencia de lo que suele ocurrir habitualmente el titular del bloque oficialista mantuvo silencio y no respondió los cuestionamientos de la oposición.
Borello, ¿oficialista? El PJ no respondió las del Tribunal Superior y de la Asociación de Magistrados por postergar la equiparación.
Costos y comparaciones.
Costo fiscal. Desde el bloque oficialista ratificaron que la equiparación tendría un costo anual de 147 millones de pesos: 130 millones por el pago a activos y 17 millones por el impacto sobre los jubilados.
700 viviendas sociales. Es lo que se podría construir con el monto destinado a la readecuación de los salarios de los magistrados.
50 escuelas. Fue otra de las comparaciones realizadas por fuentes del oficialismo sobre el costo de la equiparación.
¿Nueva postergación? Si la Nación no paga lo adeudado se abre el interrogante de una nueva postergación, aunque el PJ lo niega.
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