Desde la seccional Río Grande se recordó que en la norma “no se hizo mención a la situación contractual de los choferes que se desempeñan en esa actividad, quedando a la libre interpretación de los funcionarios de turno, la modalidad del vínculo entre el chofer y el permisionario”.

Es por ello que, consideraron, “se hace imperioso el análisis del contenido de la ordenanza y proponer las modificaciones necesarias a afectos de garantizar el blanqueo laboral de los compañeros choferes de taxis, haciendo respetar sus derechos laborales establecidos en el Convenio Colectivo que rige en dicha actividad y en la ley de Contrato de Trabajo”.

“Siendo el servicio de taxis un servicio público, creemos firmemente que es el Estado, en este caso el Municipal, quien NO debe apartarse del conocimiento de las normativas nacionales que rigen en la materia, incluso hasta asesorando debidamente a los titulares permisionarios del servicio, resguardándolos de la posibilidad de ser sancionados por la autoridad de aplicación, ante las inspecciones laborales”.

“Los choferes de taxis tienen un Convenio Colectivo propio, el Municipio no debe seguir aceptando otras figuras jurídicas para dar de “alta” a un chofer de taxi”, reclamaron.

Es por ello que el Concejo Directivo de la CGT local insistieron que “apoya y promueve el blanqueo laboral, y destaca la iniciativa del Concejal Héctor Garay, de impulsar la modificación de la ordenanza Nº 2067/05, para garantizar el derecho de los choferes de taxis a tener obra social, aportes previsionales, ART, e indemnización, entre otros".