Los intendentes del conurbano no se guardaron nada en cuanto a reclamos para los gobiernos nacional y provincial, tendientes a medidas que mejoren la seguridad en sus distritos.

Comenzó el jefe comunal de Florencio Varela y presidente de la FAM, Julio Pereyra, quien luego de agradecer la predisposición tanto de los funcionarios nacionales como provinciales y de señalar que "la cosa va cambiando", se refirió al problema de las luminarias.

Pereyra dijo que en muchos barrios faltan luminarias y que ello no está incluido en el convenio. "Lo bueno sería que podamos hacer algo en común entre Nación, Provincia y municipios para mejorar esta situación, las luminarias son inversiones más baratas que una cuadra de asfalto, y es algo que la gente nos pide", remarcó el varelense.

Eduardo Camaño, ministro de gobierno bonaerense, recordó que en este aspecto hubo una intención del gobierno provincial de avanzar en la instalación de luminarias el año pasado, pero una resolución de la SIGEN no lo permitió, presuntamente para no elevar el consumo de energía.

Otro pedido que realizó Pereyra fue el de reparación de comisarías, a lo que el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, respondió que ya se empezó con un plan iniciado con las seccionales de La Plata para el arreglo de calabozos.

Además, solicitó hacer algo con los vehículos chocados o decomisados que se estacionan frente a las seccionales de policía "y dan mal aspecto, afean la ciudad y juntan ratas". Quien salió al cruce en esta oportunidad fue el titular de Justicia, Ricardo Casal. Reconoció el funcionario las dificultades para el traslado de esos vehículos y la falta de lugares de compactación (dijo que los intendentes de la zona norte incluirían un desarmadero de Bragado para ayudar al ya existente en la región), pero igualmente se comprometió a elevar el porcentaje de compactación. Y aseveró que se creará un registro en la Secretaría General donde llegarán todos los decomisos, y desde allí se les dará destino.

Darío Giustozzi (Almirante Brown) recomendó una mayor divulgación "de todas las cosas que se hacen en Seguridad, porque se hace mucho y se comunica poco". Tiró sobre la mesa la idea de realizar un registro conjunto entre Nación, Provincia y los municipios para que allí se registre cada acción tendiente a mejorar la seguridad, y que ese registro sea expuesto cada dos o tres meses a la prensa.

Francisco Gutiérrez (Quilmes) se quejó porque cuando los municipios toman medidas de clausura con los boliches que no cumplen con la Ley de nocturnidad vigente o no respetan las ordenanzas locales, "los titulares de los comercios recurren a la Justicia correccional, hacen una medida cautelar, y nuestras sanciones no pueden concretarse"

El quilmeño reclamó, además, un refuerzo en las medidas contra el paco, a la vez que solicitó lugares para el tratamiento de los menores con problemas de adicción. El ministro de Seguridad de Nación, Julio Alak, recordó en ese sentido que la Corte Suprema de Justicia realizó una fuerte acordada en la que determinó las condiciones del tratamiento de la adicción al paco, cuyas recomendaciones comenzarán a llegar en breve a los municipios.

No obstante, el jefe comunal de Lanús, Darío Díaz Pérez, recalcó las necesidades de contar en la provincia con una red de tratamiento para las adicciones. "Para el tratamiento, la recepción y distribución de las personas con estos problemas; es una deuda fuerte de la provincia", remarcó.

Acto seguido, el alcalde de Vicente López, Enrique García, pidió una solución por los problemas jurisdiccionales que se suscitan en el puente que une su ciudad con la Capital Federal. "Se pasan la pelota entre uno y otro (la bonaerense y la Federal) y no se soluciona un problema de seguridad que preocupa mucho a los vecinos", dijo. Y agregó que los empresarios de la noche siguen insistiendo en la necesidad de ampliar el horario de apertura de los boliches, por la diferencia que tienen con la ciudad de Buenos Aires.

Lucas Ghi, jefe comunal de Morón, pidió una mejoría en el servicio del 911, y una participación de los municipios en esa área. Enseguida, Stornelli confirmó que hay un proyecto para una optimización del servicio, pero remarcó que demorará un tiempo, porque cuesta 20 millones de pesos.

En tanto, Osvaldo Amieiro (San Fernando), solicitó que "en otra reunión sería necesario tratar el tema de las salideras bancarias".

Para cerrar la reunión, el gobernador Scioli insistió en los logros conseguidos en materia de Seguridad, y tomó para ello un elogio de Cristian Breitenstein, el intendente de Bahía Blanca, quien resaltó la "operatividad de la policía".