Llueven las multas contra Edelap y no las paga

El ENRE le aplicó significativas multas a Edelap por deficiencias en la prestación del servicio y por poner en riesgo la seguridad pública. Pero, desde entidades que se dedican a la defensa de los derechos de consumidores, aseguran que la privatizada no cumple con lo dispuesto por el organismo de contralor
Las multas impagas de la empresa Edelap, por las deficiencias en la prestación del servicio en el Gran La Plata y localidades vecinas ya se acumulan en el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE). En lo que va del año, las multas alcanza una cifra cercana a los $ 2 millones de pesos.

Una de las últimas disposiciones del ENRE tiene fecha de mayo de 2010, cuando desestimó -declarándose incompetente para actuar- un recurso planteado por la prestataria para evitar pagar una multa de más de 1 millón de pesos que se le aplicó por distintas irregularidades. Concretamente, el 17 de junio del año pasado, a partir de un relevamiento realizado por el instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que abarcó la zona norte del partido, se detectaron 407 anomalías sobre un total de 673 inspecciones. En base a esos datos, el organismo concluyó que “la situación de peligro es capaz de causar un daño a personas o cosas”, y que la empresa “tiene la obligación de operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma que no constituyan peligro para la seguridad pública, y su incumplimiento debe ser sancionado como inobservancia de las obligaciones legales y contractuales oportunamente asumidas por ella”.

Edelap respondió presentando avances y acreditaciones parciales de normalización de las anomalías, pero no “fueron informadas en el plazo previsto por este organismo y se precisaron 12 intimaciones para acreditar la totalidad de las anomalías registradas”. Ante esta situación, el ENRE sancionó a la empresa “con una multa en pesos equivalente a 13.380.000 kWh”, es decir, $ 1.083.780.

La situación pone de manifiesto una irregularidad manifiesta como es el hecho de que las respuestas sólo lleguen después de 12 manifestaciones, cuando a cualquier usuario que incumple con el pago de dos boletas consecutivas de luz la empresa le corta el servicio y le retira el medidor, y además se le aplican intereses usurarios por reconexión o por pagos fuera de término.

Además, el monto de las multas, teniendo en cuenta las ganancias exorbitantes que obtuvo la empresa en la década menemista y los millonarios subsidios recibidos por el Estado nacional no representan un peso significativo.

“En 2005, cuando se renegoció el contrato entre Edelap y el Estado nacional, se estableció que las multas iban a estar atadas a la puesta en marcha de la revisión tarifaria integral, que nunca se implementó. En otras palabras, las empresas de distribución de energía, entre ellas Edelap, no está pagando las multas que se le aplican”, le dijo a Hoy el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Busetti.

Agregó: “Lo peor de todo es que este esquema, que viene del menemismo, no establece controles preventivos. Por eso las fallas de las empresas se repiten constantemente”.

Este año, el ENRE también le aplicó cargos a Edelap por manifiesto incumplimiento “en los registros y en el procesamiento de información en lo atinente al control de calidad del nivel de tensión”. En otras palabras, la prestataria no pudo mantener un servicio acorde con “una calidad media de referencia”. Así es cómo, con fecha 17 de febrero de 2010, se le aplicó un cargo de $ 107.105, 93, a lo que se le agregó una multa de $ 641.070 por las diferencias entre los cálculos realizados por la distribuidora y en el ENRE durante el período auditado.

Otra de las graves irregularidades cometidas por la empresa Edelap fue la existencia, denunciada por el propio ente regulador en el año 2008, de centros de transformación aéreos (plataformas) construidos con sostenes de madera.

A partir de una investigación realizada por el laboratorio de Alta Tensión del Instituto de investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos eléctricos de la UNLP se detectaron 220 anomalías, de las cuales sólo se repararon 156 en los plazos establecidos, por lo que el ENRE tuvo que intimar nuevamente a la compañía para la normalización definitiva de las instalaciones. “La empresa fue presentando acreditaciones parciales, la última con fecha 26 de febrero de 2008, excediendo holgadamente los plazos concedidos para las normalizaciones”, informó el organismo de contralor en una resolución. Y por ello aplicó una multa equivalente en pesos a 4,5 millones de kWh, es decir, 5,5 millones de pesos.

Una renegociación muy polémica

Durante el año 2002 se inició el proceso de renegociación de contratos de concesión de servicios de energía eléctrica.

El mismo finalizó en 2005 con el decreto 802/2005, en el que el Poder Ejecutivo nacional ratificó el Acta Acuerdo firmado entre la Uniren del ministerio de Planificación que conduce Julio de Vido (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos) y la empresa Edelap.

El proceso de renegociación del contrato de Edelap contó con varias audiencias y un informe final realizado por la secretaría Ejecutiva de la Uniren. Allí se comprobó que el sistema de alta tensión de Edelap debe ser adecuado para brindar un mejor servicio. Pero se hizo caso omiso a esa recomendación.

También consta que la empresa en cuestión no cumplió con lo establecido, ni mantiene una clara auditoria contable, por lo que recomendó que se revea la decisión de prolongar por diez años más la revisión de sus tareas.

No obstante, el Poder Ejecutivo nacional aprobó la prórroga de ganancias de la empresa que, a través del contrato original, tiene la concesión por 95 años, con revisiones cada una década.

Uniren destacó que ante “los datos económico financieros declarados por las empresas se puso en evidencia las dificultades de análisis originadas en la falta de una contabilidad regulatoria apropiada sobre las empresas concesionarias del servicio público, que permita obtener información ordenada y auditable sobre los costos e inversiones incurridas por las empresas en el cumplimiento de las

obligaciones contenidas en los respectivos contratos”. Denunció además la Uniren que “esta característica dificulta o limita la posibilidad de calificar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones de la empresa; por ejemplo, el cumplimiento referido a las inversiones implícitas en las tarifas y, por lo tanto, pagadas por los usuarios”.

El Estado hizo caso omiso a sus propios informes y dio vía libre a la renegociación de Edelap, extendiéndole la concesión del servicio de la electricidad para 309.465 clientes.

¿Qué es AES?

La empresa Edelap es una de la dos compañías de distribución de energía que pertenece a la multinacional norteamericana AES Corporation, que mantiene 132 instalaciones de generación de energía en todo el mundo. Su presencia en Latinoamérica abarca países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador y Panamá. En Chile, es el segundo productor más grande de energía eléctrica. Según reporte anual de 2008, la empresa registró un ingreso total de US$ 16.070.000.

También controla la empresa de distribución de energía Edes, que abarca la zona de Bahía Blanca y Coronel Suárez. Actualmente es uno de los tres principales inversores del sector eléctrico argentino y el mayor de origen estadounidense. También opera 9 plantas de generación, con una capacidad instalada de 2.828 megavatios, aproximadamente el 10% de la capacidad total instalada en la

Argentina.

AES enfrentó escándalos de corrupción en el país, como el caso en San Juan del complejo de diques Caracoles-Punta Negra. Concretamente, representantes de las firmas AES y Panedile estuvieron involucrados en una causa por presunto fraude -por unos 40 millones de dólares-contra el Estado en la construcción del mencionado complejo hidroeléctrico.

El proceso arrancó en noviembre del 2002, cuando una comisión de diputados provinciales encabezados por la radical Delia Pappano denunció que en lo que se había construido hasta ese momento -entre los gobiernos de Escobar y Avelín- se cometieron irregularidades y que parte del dinero había tenido un destino distinto al establecido.

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