El camino legislativo no es complicado pero es necesario, al menos, leer la Constitución porteña para no cometer equivocaciones en la transmisión de la información. Una vez vetado un proyecto de ley, el decreto debe aceptado por la Legislatura porteña o bien se puede insistir con el contenido de la iniciativa, para lo cual son necesarios 40 votos.

En el caso del proyecto de ley de aborto no punible la insistencia no es una opción, dado que el mismo logró sólo 30 votos positivos en su discusión legislativa y 29 votos negativos, de los cuales 26 corresponden al oficialismo.

Ni bien se conocieron los fundamentos del veto decidido por el jefe de Gobierno Mauricio Macri -publicado este miércoles pero anunciado desde hace dos semanas aproximadamente- llovieron las críticas por parte de los diputados de la oposición que impulsaron la norma.

La diputada Delia Bisutti (Nuevo Encuentro) repudió el veto y expresó que "la resolución de salud del ex ministro Jorge Lemus que quedó vigente es restrictiva, discriminatoria y vulnera los derechos de las mujeres".

Bisutti aseguró que "mientras en Uruguay el Congreso aprobó la despenalización del aborto y el presidente José Mujica la promulgó, en la ciudad de Buenos Aires el Jefe de Gobierno veta una ley que está en completa sintonía con el Código Penal y con el dictamen de la Corte Suprema de Justicia".

Por otro lado, la legisladora señaló su satisfacción por las declaraciones de representantes del Gobierno nacional en el Parlamento de trabajar en la elaboración de un proyecto de ley de aborto no punible que este en línea con el fallo de la Corte y que se avance con el debate en el Congreso de la Nación.

"Vamos a llegar indefectiblemente a la aprobación de la despenalización del aborto en Argentina, producto de las luchas de los distintos sectores de la comunidad, como pasó con el divorcio vincular, con la ley de cupo femenino y con el matrimonio igualitario. Seguiremos luchando por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir", finalizó Bisutti.

Por su parte, la diputada por el Partido Socialista Auténtico, Virginia González Gass, dijo: "Es una barbaridad, porque aún no se definió el pedido de procesamiento de Macri, tras sus bochornosas declaraciones en la Sociedad Rural y, no obstante, vetó esta ley sosteniendo un sistema anacrónico por fuera de la Constitución" y sentenció: "Aún nos preguntamos qué es lo que se contrapone con la resolución de la Corte Suprema porque no lo comprendemos, es otra incoherencia del Gobierno porteño".

En tanto, la diputada María José Lubertino declaró: "Otra vez el doble discurso y la doble moral de Macri. Nos habla de república y decreta el veto 107; nos habla de modernidad y termina obedeciendo los designios fundamentalistas religiosos. Dice que la Ley de Aborto No Punible sancionada por la Legislatura excede el fallo de la Corte Suprema de Justicia y no es así, miente en lo dicho".

Y añadió: "Por un lado, pretende dejar vigente la reglamentación restrictiva del ex Ministro de Salud Lemus que establece la intervención de un comité de ética cuando en realidad la Corte rechazó todo procedimiento judicial en el ámbito de la salud que pueda servir de obstáculo para violentar la voluntad de las mujeres, sólo exige el consentimiento informado. Por otra parte, vuelve a mentir cuando dice que la ley sancionada excede al autorizar a una adolescente de 14 años con riesgo de vida o violada a decidir no continuar con el embarazo, cuando la propia Corte no exigió autorización alguna del padre (en el fallo de la Corte Suprema, la joven tenía 15 años). Y la tercer mentira se refiere al decir que nos excedemos al no poner un plazo a la interrupción voluntaria, en ningún lugar el código penal establece plazo alguno en caso de riesgo para la vida de la mujer o violación (en el caso que la Corte resuelve, la interrupción del embarazo se realiza a las 19 semanas)".

Para concluir la legisladora del FPV (denunciada frente al INADI por la Legislatura por haber realizado comentarios discriminadores hacia dos diputados del PRO) agregó: "Es cínico decir que una niña es adulta para obligarla a ser madre pero sin embargo no es adulta para que pueda decidir interrumpir ese embarazo".

La diputada del Movimiento Evita (FPV) y secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad, María Rachid, expresó: "Esperábamos que Macri no vete esta ley que sancionamos, respetando la decisión de la Legislatura, teniendo en cuenta que es una ley en todo conforme a los lineamientos del fallo de la CSJN, una ley que logramos aprobar en el recinto, a través del diálogo, el debate y gracias al compromiso que los Diputados y Diputadas de los bloques de la oposición demostramos tener con los derechos de las mujeres. Lamentablemente lo que no lograron los-as legisladores del PRO, quienes intentaron obstaculizar sistemáticamente la posibilidad de sancionarla desde el inicio del debate en la Legislatura, lo realizó el Jefe de Gobierno con un nuevo veto que demuestra una vez más que la intención de Macri es inhabilitar el Poder Legislativo".

A lo que añadió: "Lamentablemente el Jefe de Gobierno decidió desoír lo decidido por la Legislatura y lo solicitado por todo el arco político, representantes de la cultura y organizaciones manifestaron a través de una solicitada que no vetara esta ley. Además con este veto queda vigente la Resolución N•1252 emitida los primeros días de Septiembre por el ex Ministro de Salud de la Ciudad, la cual es abiertamente inconstitucional y contraria al fallo de la CSJN, contra la cual hemos presentado un recurso de amparo en la Justicia para que quede sin efecto".

Para finalizar Rachid sostuvo: "El Jefe de Gobierno desestima nuevamente, 107 veces con esta, la voluntad popular expresada por la Legislatura de la Ciudad, y lo hace en esta oportunidad vulnerando los derechos de las mujeres que han sido violadas o las mujeres cuya salud y/o vida está en riesgo. Al "Jefe del Veto", como el mismo se definió, no le importa nada ni nadie a la hora la pisotear a las instituciones y los derechos de las personas".

Por último, la legisladora por Buenos Aires para Todos, Laura García Tuñón, cuestionó la decisión de Macri "sobre todo porque se llegó al consenso con una ley muy discutida en casi seis horas de debate el 27 de septiembre en donde se expusieron todas las posiciones y hubo una mayoría de votos para aprobarla".

"Que Mauricio Macri la vete después, hay que entenderlo como una voluntad política manifiesta de cercenar un derecho, desoír el fallo de la Corte Suprema de Justicia e ignorar a la oposición", concluyó.

Además, la legisladora miembro de la Comisión de Salud explicó "ahora el veto debe volver a la legislatura pero sabemos que no tenemos los 40 votos necesarios para volver a aprobarla. La intención de Macri es obturar la ley para que no se puedan realizar los abortos no punibles, rigiéndose por el protocolo del Ministerio de Salud, que es absolutamente restrictivo y no se condice con el fallo de la corte".