Sucede que ahora le aparecen nombres de testaferros y demás muertos que luchan por salir del placard, justo en el momento en que ha nombrado un secretario privado que –según se ve venir- lo ayudará poco en su intento de mantener limpio el legajo, y en pie los índices de popularidad dentro del mundo político. Él lo trajo.

Se trata de Héctor Eduardo Romano, otro vecino de la ciudad, que gracias a mantener su domicilio legal en esta comuna percibe un sobresueldo por desarraigo que eleva sus ya suculentos haberes en más de $2.600. Se dice que el monto de bolsillo se elevaría a unos $30.000: es lo que cobra por ser el incondicional portador de la agenda privada.

No se trata de un desconocido dentro del mundillo político. Antes de ser nombrado por decreto como secretario privado de la Vicepresidencia, Romano había sido jefe de la secretaría privada del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mientras Amado Boudou estuvo a cargo. Y antes de eso, cuando el vicepresidente estaba al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social – ANSeS-, Romano era jefe de la Regional Bonaerense Sur con sede en Mar del Plata. Es necesario considerar que se trata de una región sumamente extensa y de gran responsabilidad, ya que se extiende desde Carmen de Patagones, hasta Bolívar y General Belgrano al norte.

En aquel momento, Romano ya se presentaba en la prensa hablando de la necesidad de mejor la atención al público en esta ciudad, y concretando la apertura de nuevas bocas para el desagote veloz de los trámites más requeridos por los ciudadanos. Era el enviado de Boudou, y se ocupó de explicar que ellos habían sido compañeros, no sólo de la escuela secundaria sino también de la universidad. Inseparables, como los hechos lo demuestran, porque Amado lo lleva de la mano detrás de él en cada puesto que alcanza.

Ya en la ANSeS, el nuevo jefe recorrió cada una de las 42 oficinas de su región, y se concentró en mantener la excelencia que a su juicio había alcanzado la gestión de Sergio Massa. Iniciaba una carrera pública ascendente que no ha cesado, con un padrino importante.

Pero en diciembre del año pasado, una causa federal de las que el juez Alejandro Castellanos acostumbra poner a dormir, de pronto se despertó por un instante. A través de un oficio, se ampliaba la imputación inicialmente requerida, y se citaba a declarar a los implicados en una causa caratulada como “Aprovechamiento indebido de subsidios en los periodos 2003 y 2004, y obtención fraudulenta de beneficios fiscales durante el período fiscal 2006”. La audiencia para la declaración se fijaba para el 16 de febrero último, y los citados bajo imputación eran precisamente quienes fueron considerados como autoridades de una firma fantasma llamada Latinfish SA: Carlos Alberto Yakin, Angelines López, Jorge Raúl Escudero y Héctor Eduardo Romano, en su carácter de presidente, directora suplente y apoderados, respectivamente. La acusación provenía de la AFIP y la DGI.

Más pescado

A nadie escapa que el puerto de Mar del Plata pareció durante bastante tiempo casi una zona liberada, en cuanto a la cantidad de delitos económicos que pudieron verificarse. Pero no solamente eso: las causas federales por narcotráfico fueron también objeto de bastante letra impresa, y aun este medio otorgó espacio abundante a desentrañar quiénes eran las personas e intereses implicados en estas grandes redes de dinero y poder, que habían convertido los panes de merluza congelada en mera excusa para el transporte de cocaína a los países que tenían dinero para pagarla a precio atractivo.

¿Pero cuál es la conexión con el tema que nos ocupa? ¿Solamente el escenario? ¿Únicamente que se trata de delitos cometidos en las inmediaciones del acopio y procesamiento de la riqueza pesquera? No. Tenemos algo más. El abogado defensor es, en cambos casos, César Sivo, aquel que tras su manto de defensor de los derechos humanos supo también defender a los narcotraficantes, viajar a Colombia a negociar con los eslabones de la cadena y recibir a los visitantes extranjeros que venían a ver qué tal iba todo, una vez que empezaron a saltarse los puntos de la operación.

Esta vez Sivo es el defensor inconsistente de los miembros del directorio de esta empresa, y responde diciendo que no hay pruebas de nada.

Pero esta vez, el juez ni siquiera ha tenido necesidad de demostrar idoneidad para descubrir la trama, porque se ha encontrado con tantos indicios de fraude, que habrían sido detectados por cualquiera sin formación comercial, ni impositiva ni jurídica. El problema es que los indicios los tiene desde 2009: lo que no lo ha acompañado es la velocidad para tomar una decisión que pudiera complicar la carrera política ascendente de Romano. Vaya uno a saber por qué, pero cuando Castellanos se expida, el secretario privado de la Vicepresidencia seguramente ya se habrá jubilado, y se dedicará a gozar de sus ahorros.

La investigación en cuestión se había iniciado sobre ciertas cooperativas de trabajo del sector pesquero, entre las cuales está La Sirenita Limitada (vaya nombre poco feliz), en su vinculación con las empresas Cavimar SA y la ya nombrada Latinfish SA. Las dos últimas, casualmente funcionaban en la misma oficina y con el mismo directorio, pero una dice tener operaciones comerciales con la otra. En cuanto a la cooperativa La Sirenita – otro fantasma-, declara un domicilio legal falso: según todas las empresas de servicios, se trata de una planta ocupada por una firma llamada Iglú.

Ahora bien: sucede que la firma exportadora de pescado Latinfish solicitó al Estado reintegros de créditos fiscales de IVA, en virtud de aquellas operaciones que resultaron ser apócrifas. Esos reintegros se realizaron, es decir que durante ese período fiscal, los dueños se apoderaron de unas retribuciones de IVA por parte del Estado que no les correspondían, pues las ventas de pescado nunca habían acontecido.

En cuanto a la otra firma, Cavimar, la comisión verificadora de la AFIP estableció que hubo maniobras dirigidas a evadir el pago de impuesto a las ganancias durante el periodo 2002, lo que generó un perjuicio fiscal de $494.000. La empresa lo hizo creando un registro de operaciones de compra inexistentes, fraguando facturas que tuvieran una incidencia negativa en el ejercicio fiscal de ese periodo.

Lo que sucedía realmente, según comprueba la investigación judicial, es que las tres firmas anteriormente mencionadas únicamente comercializaban pescado entre sí. Nadie se movía de su escritorio y todos cobraban subsidios por la actividad.

Pero esto no es todo. Es tanta la impunidad, que a pesar de dedicarse teóricamente a comercializar pescado, ninguna de las firmas es dueña ni alquila plantas de procesado, depósitos ni cámaras de frío. No poseen trasportes propios a los fines de trasladar su mercadería entre la planta proveedora y el sitio de salida de la exportación. Ninguna de ellas declara personal en relación de dependencia, ni facturación por mano de obra de pescado procesado. Las tres empresas son solamente un escritorio de la calle Catamarca 2355, 1º C. Ni siquiera el SENASA extendió un certificado que pruebe la entrada o salida de pescado de una planta que se les pueda asociar.

Es decir que ni siquiera hubo maniobras de disimulo: su cuenta bancaria en el banco Credicoop no da cuenta de depósitos por ingresos similares a los mencionados en la facturación apócrifa. Se trata de un mero ardid para quedarse con la cuantiosa suma que justificaba el recupero de IVA de una enorme operatoria simulada de una forma bastante burda.

No le permito

Por supuesto que en aquel 2009, Sivo frenó todo oportunamente con una apelación, y dijo que sus defendidos tenían derecho a no declarar porque no estaban obligados a probar su inocencia. Agregó que el juez había sido sumamente subjetivo al afirmar que la facturación fuese apócrifa, ya que no tenía una prueba suficiente para decir lo que decía. Que el hecho de que las empresas tuvieran los mismos directorios y domicilios, y se vendieran el pescado entre sí, no estaba expresamente prohibido. Y si no estaba prohibido, estaba permitido.

Además, agregaba, tratándose de una acusación que pesa sobre una asociación y no una persona física, era necesario probar que las personas del directorio estuvieran al tanto de la comisión del delito, en el caso de que hubiera existido. Le exigía al juez alguna prueba de que ellos hubieran tenido la intención dolosa de participar del fraude.

Según estos argumentos, ser presidente de una firma no hace a nadie responsable de la evasión que pudiera cometer, si uno no fue expresamente anoticiado de que tal cosa estaba sucediendo. Perfecto.

De esta manera, Sivo se defendió con lo que tenía de las acusaciones densas sobre sus pupilos procesales, y demoró la cosa por un par de años. Lo necesario para que cada uno siga haciendo su vida lo más campante.

Pero la novedad de 2011 fue el agregado del nombre del secretario de Boudou como apoderado de la firma fantasma. La justicia todavía no lo había llamado. Y lo hace justamente ahora, cuando lo que menos necesita Boudou es ayuda para seguir apareciendo en la prensa como la piedra del escándalo.

Justo ahora, que a don Amado le aparecen los muertos del placard, la mugre bajo la alfombra y le llueve sobre mojado en el patio de atrás. Pero Mar del Plata es así: nunca se sabe cuándo viene el temporal.