"Toda mi gestión ha sido de bajo perfil y cuando en un partido de fútbol no se habla del árbitro quiere decir que el partido ha sido bien dirigido".

Con esta frase, Pedro Jorge Llorente (70) reasumió la presidencia de la Suprema Corte e intentó realzar su estilo de conducción, ése que entre 1993 y 2003 aplicó para liderar la Justicia mendocina. Así, entre recuerdos perdidos y viejos anhelos, Llorente retoma la conducción después de ocho años de concluido su largo mandato de una década.

En el Salón de los Acuerdos del cuarto piso del Palacio de Justicia, el sucesor de Alejandro Pérez Hualde conversó con los medios y adelantó que la reforma del sistema judicial es la carta más fuerte que se jugará.

"Nosotros debemos formular un plan de reforma del Poder Judicial donde éste sea un problema de Estado y convoquemos a los actores tales como los políticos y las asociaciones profesionales a formular un programa que se pregunte qué justicia queremos para estos tiempos y para el futuro", enfatizó, luego de precisar que Mendoza necesita de eficacia y agilidad.

El acto de ayer contó obviamente con la presencia de Pérez Hualde y el resto de los miembros de la Suprema Corte, pero el presidente saliente evitó el contacto con la prensa, pese a que siempre tuvo un alto perfil.

Llorente fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia el 14 de noviembre, a través de la acordada 23.915, luego de una votación en la que disputó el cargo con su antecesor y en la que se impuso por cuatro votos (Llorente, Adaro, Salvini y Fernando Romano) a tres (Jorge Nanclares, Carlos Böhm y el del propio Pérez Hualde).

Llorente quiere consensuar su plan de reformas con el gobernador electo, de quien espera una pronta visita tal como se estila que ocurra en los cambios de gobierno. Si bien no hay una audiencia pactada, es posible que Pérez lo visite antes del 9 de diciembre. Lo que el presidente de la Suprema Corte le planteará es el presupuesto de la Justicia, especialmente respecto de los fondos destinados a inversiones edilicias.

Dentro de este planteo, retomó un viejo problema que, aseguró, "aún no tiene solución". En concreto, el juez repasó la falta de infraestructura que impacta en las dificultades, por ejemplo, de poner en marcha la segunda y tercera etapa del Código Procesal Penal. Según sostuvo el nuevo presidente, para poder funcionar, "el Poder Judicial tiene que ir alquilando lugares para salir de la emergencia, lo que insume un costo importante".

Llorente mencionó algunas de las obras que impulsará: "Se deben terminar las ciudades judiciales de Tunuyán, de General Alvear y de San Martín. Esto es para poder poner en funcionamiento el Código Procesal Penal que requiere, además, de la construcción de comisarías y fiscalías".

Sin tener totalmente en claro el estado del trámite de la Ciudad Judicial provincial (que se construiría en terrenos aledaños a la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer según anunció Celso Jaque a poco de asumir), el magistrado aseguró: "No sé en el estado que se encuentra dentro del Ejecutivo. Pero es fundamental sobre todo deslindar la Justicia civil de la penal. Tienen que tener edificios totalmente independientes".

Justicia ralentizada

Llorente no es ajeno a las críticas por las demoras de los procesos judiciales y de hecho la agilización de la Justicia es uno de sus desafíos para este nuevo mandato. "Una de las obligaciones es acortar los plazos, dar la posibilidad y los medios para acortarlos; la otra es generar la reforma legislativa ya que los jueces están atados a los códigos procesales vigentes y, en consecuencia, tienen determinados tiempos para funcionar", explicó el nuevo titular del máximo tribunal, quien agregó: "La idea de la reforma es la de poder diversificar las funciones. Es decir, hay casos que ameritan que sean tratados por una Cámara y hay casos que podrían tratarse en tribunales unipersonales".

Para argumentar su planteo, el magistrado se sustentó en las ya difundidas estadísticas oficiales que revelan que Mendoza está segunda a nivel nacional en cantidad de causas judiciales y sólo es superada por Córdoba.

"La litigiosidad de Mendoza es triste. Cada 100 mil habitantes tenemos 20 mil causas, quiere decir que cada cinco habitantes hay un proceso. Nosotros tenemos que formular un Poder Judicial que tenga correlato con todo esto".

Al respecto, fue taxativo con el tratamiento parlamentario de dos modificaciones. "Hoy se está impulsando, a través de Mario Adaro, la reforma del Código Procesal Laboral que está en la Cámara de Diputados. También está la reforma al Código Procesal Civil. Pienso que con las sesiones ordinarias serán tratados o hablaremos para que así sea", destacó.

Concretamente, el juez adelantó que visitará las comisiones y a los presidentes del Senado y de Diputados para pedirles que traten ambas reformas.

El momento en que más esquivo se mostró Llorente fue cuando se le preguntó su opinión sobre el caso del fiscal Camargo, a quien en 2006 el Jury de Enjuiciamiento destituyó y que hace días se vio favorecido por una decisión de conjueces que ordenó devolverle el cargo.

El nuevo titular de la Suprema Corte sólo dijo al respecto: "Me puede gustar o no, pero es un fallo. Les contestaré cuando conozca el fallo de la Corte".

Llorente fue senador provincial por el radicalismo entre 1983 y 1987 y, como presidente provisional de la Cámara alta, se transformó en la segunda autoridad de la provincia tras la renuncia a la vicegobernación de José Genoud.

Antes de terminar su mandato fue propuesto para cubrir una vacante en el Máximo Tribunal por el entonces gobernador Santiago Llaver. En el mapa de la Justicia, es señalado como integrante del ala conservadora del máximo tribunal, aquella que conforman también Salvini y Romano.