Comenzó como un gran romance de esos que prometen, pero rápidamente se avivó la puja de intereses que caracterizó el vínculo entre los dos poderes en los últimos diez años. A Jaque le tocó gobernar con un jefe de la Corte con fuerte inclinación radical. De hecho fueron propuestos por ese partido los dos que convivieron con él.

La asunción de Pedro Llorente, el viernes, en el máximo cargo de la Suprema Corte, aparece ahora como una suerte de transición que le deja la puerta abierta al peronismo para que en dos años se elija para ese cargo a un magistrado identificado con el oficialismo.

La ecuación es simple: cuatro de los siete miembros del máximo tribunal ya iniciaron los trámites jubilatorios y sólo falta que presenten sus renuncias para pasar a pasiva porque los trámites previos están terminados. Se trata de Fernando Romano, Herman Salvini, Carlos Böhm y el propio Llorente. Fuera de la edad jubilatoria quedan Alejandro Pérez Hualde, Jorge Nanclares -está cerca- y el ingreso más reciente, Mario Adaro.

Con Llorente al frente del máximo tribunal se espera que en los próximos dos años al menos tres de los cuatro se retiren. De esta manera será Francisco Pérez quien pueda enviar el pliego de los elegidos para ocupar esas vacantes. Si esto se concreta, el órgano quedaría compuesto por cuatro hombres afines al justicialismo, al que se sumaría uno más tras la jubilación de Llorente, que se espera sea al término de su mandato al frente del máximo órgano de Justicia.

Cuatro contra tres, o cinco contra 2 -si Llorente se jubila-, es la relación simple que muestra que un peronista será el próximo conductor de ese poder. Ahora bien, si es Mario Adaro o alguno de los próximos ingresantes, es lo que dependerá del consenso que el primero consiga en los próximos 24 meses.

Para esto la administración jaquista ha sido cuidadosa en la previa. Es que Jaque logró colocar más de un centenar de jueces en sus cuatro años de gestión, a los que se suman 20 que desembarcaron a través del remplazo de legos en letrados y se espera que se produzcan al menos otras 40 vacantes en el próximo año. Esto es por las jubilaciones que están en danza y algunos cargos nuevos que se crearán para atender la demanda judicial creciente.

Cuando esto se concrete, durante las dos administraciones justicialistas se habría renovado más de la mitad del plantel judicial, algo que no tiene antecedentes. Además, a los nuevos magistrados -jóvenes en su mayoría- les pesa más el costo social que a los antiguos letrados, lo que deja puertas abiertas al peronismo para avanzar con otras intenciones que quedaron truncas durante la gestión jaquista.

La designación de Pedro Llorente fue traccionada de alguna manera por el justicialismo. Si bien el hombre es radical de pura cepa, entre los dos postulantes - Pérez Hualde y él- era el que más afinidad tenía con algunos referentes del Ejecutivo.

Los jaquistas no querían que Pérez Hualde continuara porque le achacan no haber trabajado por la modernización de ese poder. Además vieron entre algunas de sus afirmaciones una fuerte inclinación al costado político opositor.

"Siempre estuvo en contra de las leyes que mandamos desde el Ejecutivo para reformar cuestiones que ya son retrógradas y que la sociedad está exigiendo que se cambien, pero además recibió al radicalismo en momentos que debía mostrar imparcialidad y hasta mostró los números del delito tres días antes de que Jaque debiera salir a pedir perdón por no haber cumplido con su famosa promesa de bajar el delito", dicen en voz baja en Casa de Gobierno.

Al ex titular de la Corte le endilgan haber presionado a los legisladores para que no trataran el combo de leyes que envió Jaque para regular la tarea en ese poder: una para limitar las ferias judiciales, otra para medir la eficiencia y productividad y otra para que aportaran obligatoriamente a la Obra Social de los Empleados Públicos, aunque también aceptan que faltó tracción oficialista en el ámbito legislativo. Además lo señalan por sacar acordadas y así lograr intenciones que no habían sido consensuadas ni siquiera en ese mismo poder.

¿Qué espera el Ejecutivo de Llorente? En principio, una modernización más ágil del Poder Judicial, la extensión a toda la provincia del Código Procesal Penal y poder hablar con él de otras reformas como las leyes que impulsó Jaque para medir la productividad de los jueces. Pero también anhelan que se acojan a otras obligaciones que pondrían a los magistrados al nivel de un trabajador estatal común: esto es que aporten a la OSEP y se les pueda descontar ganancias sobre sus salarios.

La estrategia

Para lograr su cometido y que los tres o cuatro integrantes que se deberán proponer para ese tribunal pasen el filtro legislativo, el Ejecutivo tiene pensada una estrategia que ya pasó el filtro de los comicios.

Para esto puso a Fernando Simón, ex secretario Legal y Técnico de la Gobernación y uno de los gestores de los acuerdos con los jueces, en el Senado. Se espera que el abogado ocupe la presidencia de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en la Cámara alta y también encabece la del Jury de Enjuiciamiento, una piedra en el camino que engendró más de una discusión durante esta administración.

Simón fue el mentor del acuerdo con los jueces que permitió al Gobierno empezar la relación en buenos términos. Para esto la provincia debió desembolsar en 2008 13 millones de pesos y pagar en cuotas las deudas de los magistrados que pretendían jubilarse además de dejarlos enganchados a los aumentos de sus pares del fuero federal, por lo que están consiguiendo entre 25 y 30 por ciento de incremento salarial cada año, y esto sin protagonizar peleas con el Ejecutivo.