Pasaron 40 meses y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro que dirige Pablo Berraz no resolvió una denuncia que hicieron dos concejales allenses por el presunto sobreprecio de 700.000 pesos que se pagó en la realización de obras públicas delegadas al municipio por el gobierno provincial.

Berraz, que había anunciado que la Fiscalía se expediría sobre el tema antes de diciembre del 2010, ahora señaló que no pudo completar la investigación porque Obras Públicas de la provincia y el municipio de Roca no contestaron oficios y pedidos de informes que eran vitales para la causa. Uno de los ediles denunciantes dijo que la actuación del fiscal fue "decepcionante" y lo acusó de buscar excusas para no investigar.

En agosto del 2008 los concejales Raúl Bárcena y José Luis Ulloa denunciaron ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que la gestión del intendente Graciano Bracalente habría pagado más de 700.000 pesos de sobreprecios por la realización obras (construcción de veredas, colocación de arbolado, etcétera), en instituciones de Allen como el hospital, los clubes Alto Valle y Unión y la escuela Nº 80. En esa oportunidad los ediles le entregaron a Berraz varias cajas con documentos que le servirían el fiscal para determinar si la gestión municipal había o no pagado sumas no correspondientes.

La denuncia mantuvo en vilo a la opinión pública local y en medio de un acto público llegó a exasperar los ánimos del intendente. "Traje obras delegadas y todo lo que estamos inaugurando no le salió un peso a la comuna de Allen. Esto es lo que hay que decir en los diarios, esta es la gestión de un intendente. Y aquellos que vayan a publicar, que primero se fijen en lo que sacan porque no saben en donde se pueden meter", lanzó desafiante Bracalente cuando en agosto del 2008 inauguraba las mejoras en el predio del hospital.

Pero pasaron tres años y cuatro meses y la Fiscalía de Investigaciones no echó luz sobre la denuncia. Berraz argumentó que surgieron complicaciones en el transcurso de la investigación, puntualmente por dos motivos. Uno estuvo vinculado a un pedido de informes dirigido a la Secretaría de Obras Públicas de la provincia que nunca fue contestado pese a la obligatoriedad que tiene esa cartera de responder a los requerimientos del fiscal. También agregó que el municipio de Roca nunca contestó un oficio que se le remitió a la gestión de Carlos Soria, para comparar costos de obras públicas entre distintas localidades. De todos modos Berraz insistió en que la causa "no está cerrada" y reconoció que queda como una "deuda pendiente".

"Todo esto me deja una sensación de decepción. Pensé que la justicia administrativa provincial se iba a mover de otra manera. Berraz no investigó, me defraudó. No hubo apercibimientos para que se contesten los oficios y los informes. Esto me abre muchos interrogantes porque cuando fuimos a Viedma, en el 2008, Berraz nos dijo que si la denuncia era por menos de 50.000 pesos no nos la tomaba. Yo sigo convencido de lo que denunciamos pero al fiscal no le interesó nada", consideró Bárcena.