El presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Jorge Aimaretti, reveló que en Mendoza se registra una alta siniestralidad en materia de accidentes o enfermedades laborales, y afirmó que algo anda mal si se debe pedir a la Justicia un derecho que se debe otorgar automáticamente.

Hoy se registran en nuestra provincia más de 100 mil situaciones cubiertas por las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, entre accidentes y enfermedades laborales. Respecto de los accidentes, los principales tienen que ver con tropiezos, caídas o golpes contra objetos. El 60% se produce en el lugar de trabajo y el resto en el trayecto al o desde el espacio laboral.

Pero si bien la Argentina cuenta con una ley de Riesgos de Trabajo, en el Foro Nacional del Seguro realizado en nuestra provincia quedó claro que el sistema no aporta un grado de previsibilidad que disminuya la alta tasa de judicialización que hoy existe. Anualmente hay aproximadamente unos 66 mil pleitos judiciales frente a lo cual el licenciado Aimaretti aseguró, en contacto con El Ciudadano, que “no es lógico, no es razonable que para tener derechos se deba judicializar; algo anda mal si se debe pedir a la Justicia un derecho que se debe otorgar automáticamente”.

Durante su disertación en el encuentro organizado por la Asociación de Productores Asesores de Seguro de Cuyo (APAS), el representante nacional de las ART también aseguró que “la lógica del seguro bajo la cual funciona el sistema de ART en nuestro país es rescatable, aprovechable y potenciable. Para los aseguradores es un orgullo gestionar un sistema derivado de la seguridad social que da una cobertura potente, universal y automática”.

Por otro lado, hoy la alta judicialidad es un gran problema, no sólo para las empresas, sino también para los trabajadores. Según el titular de la UART, “la base del problema son hechos muy concretos, como los cambios en los criterios de jurisprudencia, demoras en el ajuste de las contingencias, la judicialidad es mutante y hay muchos operadores del sistema judicial que presionan permanentemente para defender a trabajadores en casos dudosos. Es decir que hay un importante ‘sistema industrial del juicio’”.

En tanto, según la visión del especialista, “son cuatro cosas las que hay que hacer, pero concretas, siempre con el eje en la prevención. Son las cuestiones que hacen que el sistema se derive hacia los tribunales. Necesitamos fórmulas que la Justicia respete como suficientes”. En este sentido, se está reclamando un sistema común para designar las discapacidades, al igual que un listado de enfermedades concreto para que no lleguen a los tribunales enfermedades que no están relacionadas con lo laboral.

Las ART también están pidiendo procedimientos administrativos rápidos y simples, y finalmente, obligaciones muy claras para todos: empleadores, ART y trabajadores. “Es decir qué hay que hacer y quién lo debe hacer porque la confusión genera conflictividad”, explicó Aimaretti.

A modo de fórmula capaz de resolver la problemática, aseguró “que si hay contingencias, procedimientos claros y prestaciones dinerarias adecuadas y oportunas, los costos y las indemnizaciones serán las suficientes para todos. Si se da esto y el seguro está en función del riesgo, habrá una estructura de prevención con suficientes incentivos e instrumentos eficientes que disminuyan la siniestralidad. Por lo tanto, habrá un círculo conveniente para todos porque los incentivos para seguir así serán permanentes. Pero si funciona mal lo primero, es decir que las contingencias son imprecisas y por lo tanto se judicializan los procedimientos, cada vez la cobertura tendrá que ser más potente y con una exigencia tal que podría llegar a poner en riesgo el sistema”.