Precisamente esos detalles -que abarcan además el acuerdo que fuera firmado entre el Gobierno nacional en la figura del ministro Julio de Vido y el gobernador de la provincia, Daniel Peralta, que plantea las condiciones para el proceso de transferencia de acciones de la empresa a la provincia- serán explicados mañana, en el marco de la actividad parlamentaria prevista, por parte del ministro de Economía y los representantes de YPF, que se espera lleguen hoy a la provincia para ello.

Parte de lo más destacado y que concita el interés de todos tiene que ver con el canon de prórroga y el de infraestructura. El primero es para la provincia y el segundo para los municipios.

Respecto del canon de prórroga, se sabe que fue firmado por la base que plantea la aplicación de la fórmula de la Ley 2.117, lo que podría rondar, según los cálculos, en unos 200 millones de dólares.

Estos serán pagados en cuotas, comenzando la primera este mismo mes, una vez ratificado el acuerdo por parte de la Legislatura provincial.

Ese pago mensual, en virtud de los acuerdos de inversiones, garantizaría un pago fijo mensual, entre el canon y las regalías, por lo que la cantidad de cuotas dependerá del comportamiento de la producción hidrocarburífera y su impacto en ese monto pactado, que casi triplicaría lo que hoy ingresa en concepto de regalías en forma mensual por parte de la operadora.

Por otra parte, en vía paralela, se establece el canon de infraestructura que se distribuirá entre todos los municipios y comisiones de Fomento y que, según la Ley 3.117, equivale al 20% del canon de prórroga, es decir unos 40 millones de dólares más, que deben ser aplicados a obras de infraestructura deportiva, social o cultural.

La Legislatura debe ratificar los convenios firmados por el Ejecutivo provincial para darles fuerza legal. De esta manera, no sólo deberá darle el ok al convenio de extensión de áreas, sino también al firmado para la adquisición del 5,22% del paquete accionario que le corresponde a Santa Cruz, del 24,99% de acciones que son para las provincias hidrocarburíferas.

Una vez que culmine el juicio de expropiación a Repsol YPF, recién ahí podrá la provincia tomar posesión de dichas acciones, que están valuadas, aproximadamente, en unos 500 millones de dólares.

De esta manera, la ratificación de ambos acuerdos es trascendental para la provincia, “la posesión de las acciones implicará una manera de recuperar gran parte de los ahorros que alguna vez tuvo Santa Cruz”, indicó el viernes el ministro de Economía, Ariel Ivovich.

Cabe recordar que el acuerdo de prórroga, según dicta la ley, debe contemplar la aceptación de la Ley 70/30, puesto que una de las cláusulas que establece la ley de marco regulatorio (Nº 3117) es precisamente la prioridad de la toma de mano de obra santacruceña con un piso del 70% de los planteles.

Las áreas en las que se extenderán las concesiones son: Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte, Cañadón de la Escondida-Las Heras, Cañadón León-Meseta Espinosa, Los Monos, Pico Truncado-El Cordón, Los Perales-Las Mesetas, El Guadal-Lomas del Cuy, Cañadón Vasco, Cañadón Yatel y la porción del área Magallanes situada en el territorio de Santa Cruz. El acuerdo incluye además el trámite de concesión de Barranca Yankowsky y su posterior prórroga.

Galuccio dijo al respecto que el acuerdo “es parte del plan de crecimiento de producción y actividad de YPF en una provincia petrolera tan importante como Santa Cruz”.

Ivovich aclaró que el acuerdo se hizo “en el marco de la Ley 3.117”, pero que existen beneficios “extra” con los que contará la empresa, que se enmarcan dentro del pago del paquete de acciones.