"Es una medida que facilitará las cosas al gobierno en el caso en que logre la devolución de tierras de parte de Olmedo o que directamente decida rescindir el contrato", explicó ayer a Nuevo Diario un asesor legislativo del oficialismo, anticipando la magnitud que tendrá el debate.

Precisamente, el proyecto fue girado a la Legislatura dos días después de que el ministro de Desarrollo Económico de la Provincia, Julio César Loutaif, informara en la Cámara de Diputados que intentaba renegociar el contrato con Olmedo, pero que por ahora había más voluntad de parte del Ejecutivo que de los concesionarios.

El proyecto del gobierno es lograr como mínimo una renegociación similar a la conseguida con la Agropecuaria Cervera por la que la provincia consiguió el reintegro de 30 mil hectáreas más el pago de un canon anual equivalente a un quintal de soja por hectárea cosechada.

El argumento oficial es que la ley de salida de la convertibilidad -promulgada dos años después de que el gobierno de Juan Carlos Romero concediera la tierra a Olmedo- habilita a la renegociación de contratos en dólares. Y, además, que en ese momento no se había previsto el "boom" de la soja, que la empresa cosecha ahora en cerca de 20 mil hectáreas sin pagar un solo peso en concepto de canon hasta dentro de diez años.

Historia con nombres repetidos

Con más de trescientas mil hectáreas en el departamento de Anta, la empresa estatal Salta Forestal había tenido en los años 70 como una de sus principales actividades la producción de carbón vegetal para la venta a Altos Hornos Zapla, hasta que sus recursos forestales comenzaron a agotarse.

En 1993, invocando el estado de emergencia económica y en medio de la ola privatizadora, el gobierno de Roberto Augusto Ulloa la declaró sujeta a privatización, lo mismo que al Banco Provincial de Salta, la Dirección Provincia de Energía y el Banco de Préstamos y Asistencia Social.

Poco después el proyecto oficial recibió el aval de la Legislatura, mediante la aprobación de una ley que apoyaron por igual renovadores y justicialistas, entre ellos Pedro Sandez, Tomás Medrano, Fernando Saravia Toledo y Eduardo Fernández, con lo que quedó habilitado el proceso de liquidación de la empresa estatal.

La ley tuvo sanción definitiva en diciembre de 1993, muy poco tiempo antes de que asumiera el propio Loutaif como ministro de Economía de Ulloa.

Sin embargo, fue el gobierno de Juan Carlos Romero el que concretó los proyectos privatizadores.

En el caso de Salta Forestal, la ocasión la brindó una iniciativa privada presentada por Olmedo, que el gobierno declaró de interés público. Luego, el entonces gobernador le encargó a su ministro de la Producción, Gilberto Oviedo, la preparación de los pliegos de licitación.

Lo mismo con lo que había ocurrido con la privatización del Banco Provincial en 1995, en la licitación de Salta Forestal se presentó un solo oferente, en este caso el propio Alfredo Olmedo, que empezó a explotar las tierras en 2001.

Ahora el gobierno de Urtubey, también con el apoyo de legisladores renovadores y justicialistas, pretende la aprobación de la ley que le permitirá "reconducir" Salta Forestal, cuya liquidación no llegó a completarse.