La iniciativa propone establecer la obligación del Estado de garantizar el acceso al agua potable “a todos los habitantes del territorio nacional, y prevé la implementación de un sistema de tarifa social cuando las personas no puedan acceder a estos servicios por motivos económicos”.

La iniciativa además destaca que no se podrá “exportar a granel de agua dulce, en todos sus estados, obtenida de fuentes superficiales o subterráneas”, excepto en dos casos: cuando se trate de la ejecución de tratados internacionales suscriptos por la Argentina por razones humanitarias o de emergencia -previa evaluación del impacto en el medioambiente y en el nivel de abastecimiento interno-; y en establecimientos de bebidas hídricas, de conformidad con lo previsto en el Código Alimentario Argentino.