El 8N amenaza con convertirse en otro dolor de cabeza para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero también podría serlo para Francisco Pérez. Así como el sorpresivo 13S sobrepasó las expectativas de sus enigmáticos “organizadores”, el cada vez más tenso clima político nacional (y sus escaramuzas locales), en el que cada noticia o episodio polariza opiniones extremas, parece ser el escenario ideal para que el 8 de noviembre la protesta gane otra vez la calle en la mayoría de las ciudades del país, incluida Mendoza.

Aunque esta vez, habrá un par de novedades: la primera, que luego del antecedente inmediato, el solo anuncio de una marcha similar supone todo un dato político. El segundo, que en esta ocasión se prevé también para el mismo día cacerolazos en diferentes capitales del mundo.

Los reclamos siguen siendo similares a los de la primera convocatoria. Y casi todos hacen referencia tanto a un estilo de gobierno al que se tilda de “autoritario” como a medidas concretas para enfrentar asuntos tan diversos como la inseguridad, la corrupción, el desencanto con la Justicia, o la “división de la sociedad”. Un argumento que en la previa ha tenido suficientes ejemplos.

Tensión en aumento

La semana que pasó, la discusión del per saltum y el voto desde los 16 años en el Congreso de la Nación volvieron a generar fortísimos cruces entre oficialistas y opositores. Las acusaciones del diputado de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque contra el socialismo y la UCR superaron cualquier racionalidad, quebraron otra vez el diálogo y condimentaron aún más el espeso caldo de la discusión política. Pero, especialmente, ratificaron esa sensación repetida entre los asistentes a la primera protesta, sobre que el kirchnerismo “no escucha”, “no dialoga”, o hace de la imposición de sus legítimas mayorías un método que choca con las prácticas republicanas.

Pero lo cierto es que de setiembre a esta parte, el ambiente político está cada vez más enrarecido y -siguiendo con las siglas y los números- el 7D resume el summum de la incertidumbre y las visiones encontradas. La fecha, puesta como límite por el propio gobierno para la completa instrumentación de la Ley de Medios, ha servido también como excusa oficial para la construcción de un relato dentro del relato; especialmente en lo que hace a las supuestas transformaciones a las que se obligará al Grupo Clarín de allí en más.

Las presiones directas hacia la Justicia, las controversias en el Consejo de la Magistratura y la misma instrumentación del per saltum hablan de la urgencia del Ejecutivo nacional, pero también de su necesidad de asegurar que el 7D se acerque en la práctica a lo que los seguidores del Gobierno creen que va a suceder. Aunque ello implique seguir tensando las cuerdas que sean necesarias, a fin de cumplir con su cometido.

La prueba local

En Mendoza, la situación debe ser mirada con mayor atención aún. Las 20 mil personas que en setiembre se congregaron en el microcentro (una de las mayores del país en relación a la cantidad de habitantes) ponen un piso de convocatoria excesivamente alto y que plantea como primer desafío si ese número podrá ser superado. Pero en lo estrictamente político, supone una nueva prueba para Pérez y su intento de reforma a la Constitución provincial.

Del “éxito” o del “fracaso” del cacerolazo mendocino darán cuenta algunos cambios o confirmaciones en el panorama, cuyo epicentro es la Legislatura provincial donde la reforma de la Constitución por un lado (que incluye la reelección de Pérez) y la reforma política por el otro (boleta única, desdoblamiento, financiamiento de los partidos y ética política que impulsan radicales y demócratas) juegan sendos partidos de ajedrez en el Senado y en Diputados respectivamente.

Justamente en Senadores, la última y sospechosa polémica involucra a un legislador de la UCR, agrupación que parecía tener bloqueada la posibilidad de cambio constitucional, aunque en los últimos días se produjo el salto del senador alvearense Guillermo Simón, cuyo voto (junto al de los otros tres radicales iglesistas que constituyeron un bloque aparte) le permitiría a Pérez avanzar en esa cámara con la modificación de la Carta Magna. Esto no sería muy grave de no haber existido el antecedente de un compromiso público que el propio Simón suscribió diciendo que iba a votar en contra de la reforma. En estos y otros tantos aprontes de la política cotidiana de Mendoza también puede influir el desarrollo del cacerolazo.

La denuncia de Julio Cobos sobre que el Gobierno provincial “extorsiona” intendentes radicales a cambio del apoyo a la reforma constitucional y la posterior del Comité Provincia de la UCR que acusó al Ejecutivo de “comprar voluntades” con el mismo fin, levantaron el voltaje político ennegreciendo aún más el clima entre oficialismo y oposición. Está claro que en este ambiente de riña es imposible discutir la modificación de la Carta Magna.

Por lo pronto aparece como ineludible que el jueves a las 20, todas las miradas de la política se posarán sobre San Martín y Peatonal Sarmiento. Volverán las polémicas por el número, los enfoques de las coberturas periodísticas y el devenir de una masa quejosa (y habitualmente silenciosa) que volverá a emitir variados mensajes que habrá que saber decodificar.