El antídoto a la polarización electoral del gobernador Juan Schiaretti está compuesto por intendentes y representantes legislativos de todo el territorio. Confía en el anclaje histórico de Hacemos por Córdoba, revigorizado tras el resultado histórico de la elección provincial de mayo, para hacer un papel digno en el duelo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, alianza que recoge el antikircherismo dominante en el distrito, el mismo que favoreció al oficialista PJ en contiendas de estricto corte local.

Martín Llaryora tendrá un rol clave. Quedó claro que no podrá dedicarse de lleno a la administración del Palacio 6 de Julio como sugerían sus alfiles, allá, por enero. Deberá arremangarse para favorecer el resultado de la dupla que, según trascendió, lideraría los tramos de senadores y diputados, Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, respectivamente.

La centralidad que tendrán los jefes comunales es común a todos los espacios. Se comprende así, las presiones del senador albertista, Carlos Caserio, para que el responsable de Villa María en uso de licencia, Martín Gill, se integre a la campaña como cabeza de lista. El exrector universitario es secretario de Obras Públicas de la Nación y, desde allí, trabó acuerdos por obras con sus pares, altamente esperadas en tiempos de vacas flacas. Este factor explica que el tiempo de los grises deberá quedar suspendido.

También le cabe la regla al sanfracisqueño. Llaryora pasó de fotografiarse con Caserio y Gill, en el marco de tratativas institucionales, a plantear en términos negativos que los partidos rivales arman sus listas en Buenos Aires.

Gill, Llaryora y tantos otros dirigentes que miran la renovación del peronismo cordobés en 2023, saben que varias decisiones que se tomen en esta contienda pueden incidir en su futuro político. Es altamente probable que piensen en un peronismo unido en la provincia, con todas sus extracciones, pero lo cierto es que sus jefes les han pedido que jueguen en un bando u en otro.

Con la campaña en el horizonte cercano, Llaryora ya dio señales de su nivel de compromiso. La reciente suba del precio del boleto a casi $50 es una muestra de la necesidad de alejar el descontento del momento de la emisión del voto. Desde el municipio se encargaron de reafirmar que la cifra que representa una suba del 16% y que el valor se mantiene muy por debajo de lo sugerido por el sector empresario de $176. Además, se buscó socializar el costo político al afirmar que en las reuniones que se mantuvieron con los intendentes del interior se acordó que la franja tarifaria se mantendría entre los valores de $49 y $53.

“De esta manera, Córdoba mantiene el precio del boleto por debajo del valor dispuesto en otras ciudades del país”, explicaron. Si bien se esperaba un reajuste por la creciente inflación y la inequidad en el reparto de los subsidios nacionales, es cierto que no se decidió dilatar en el tiempo la decisión por razones políticas.

Con ese frente despejado porque los señalamientos opositores no podrás extender en el tiempo, la campaña para septiembre ofrecerá a Llaryora la oportunidad de mostrar los avances de la gestión capitalina, mientras pide el voto para la dupla que quiere ingresar al Congreso para representar los intereses de Córdoba.

La vidriera electoral será clave por razones conocidas y compartidas por cada uno de los espacios en competencia. Incluso, explican, en el caso de Juntos por el Cambio con mayor transparencia, que los liderazgos que emerjan en las próximas semanas serán los que llevarán la voz cantante en el 2023.

Es por esto que, la participación del Estado municipal en la contención de la pandemia, las obras públicas desplegadas en la ciudad, en especial, las que atienden a la red de cloacas y agua potable; el plan de bacheo integral por $610 millones, el mantenimiento de paseos y espacios verdes, entre otras acciones, serán el escenario que Llaryora elegirá para el desarrollo de la etapa proselitista.

Hará campaña por Vigo y De la Sota, pero también de su gestión porque no hay 2023 sin 2021.

Por Yanina Passero