El intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, anunció una serie de medidas de ajuste ante la crisis heredada y la generada por la pandemia, mientras prometía la revisión de mucho de lo actuado por sus antecesores.

Pero la Municipalidad poda por un lado y habilita nuevas erogaciones por otro, al tiempo que Llaryora sigue enérgico en sus cuestionamientos por lo recibido, pero se ha cuidado de no avanzar en los temas más oscuros de la administración anterior.

Un ejemplo es el contrato por la recolección de residuos, investigado en al menos tres causas por la Justicia, algunas de las cuales tienen procesamientos, tuvieron presos y avanzan hacia los nexos presuntamente corruptos entre empresarios, sindicalistas y funcionarios.

Ni de esas causas ni de la onerosa y polémica licitación de higiene urbana el intendente dijo una palabra.

Pero ha ido dando pasos en pos de mantener la sociedad política que une al municipio con unos actores del negocio, como los multiprocesados directivos del Surrbac.

Los lazos de la actual administración con los Saillén parecen estar tan vigentes como en la gestión anterior, cuando los gremialistas lograron un astronómico crecimiento patrimonial, que sorprendió en aquellos allanamientos en los que se secuestró una parte del voluminoso patrimonio de los Saillén y de los Catrambone.

Un primer elemento que refuerza esta idea es que en plena emergencia por la pandemia siguieron las designaciones de personal, tanto en las empresas concesionarias del servicio de recolección de residuos como en la estatal Coys (el anterior Esop). En el ente estatal, hubo siete en el período febrero-mayo. Desde ahí para acá, no hay datos.

La mayoría de esos nombramientos son personas que tienen algún tipo de vínculo con los líderes del Surrbac.

Lo más llamativo, en ese sentido, fue el nombramiento de otros dos hijos de Mauricio Saillén en julio pasado. Carlos y Cristian Saillén fueron nombrados, apenas cumplieron los 18 años, en el consorcio privado Urbacor, que en la gestión mestrista ganó la licitación junto con Cotreco, que luego dio un paso al costado por su situación financiera.

Tanto Mauricio como los demás Saillén que integran la plantilla del personal del servicio de higiene y la conducción del Surrbac están procesados por asociación ilícita, lavado de dinero, usura y defraudación.

Con la mutual, la obra social y la administración del sindicato intervenidas, los Saillén se las ingenian en seguir manejando la caja. Por eso, acordaron con el municipio y las empresas suspender los aportes patronales para capacitación, que implican unos cinco millones de pesos mensuales.

Más allá de que nunca se pudo determinar si iba todo ese monto a capacitación, algunos de esos cursos siguieron y fueron difundidos por el Coys hace unos días en las redes.

También en las redes los Saillén publicaron actividades con funcionarios municipales en las últimas horas, como para dejar claro de ambos lados que esa sociedad política está vigente.

Además, sorprende, en tiempos en los que no está permitida la movilidad interdepartamental, cómo el ente municipal Coys, que presta servicio en la capital provincial, tiene empleados que residen en localidades de Traslasierra.