El titular del Juzgado de Instrucción 20, Fabio Igoldi, también ordenó una pericia contable en las oficinas del gremio para determinar si existió responsabilidad de la entidad o si solamente se habría tratado de una maniobra de su dirigente.

El expediente, que ya tiene cinco cuerpos, se inició con la denuncia de más de un centenar de personas en abril del año pasado. Fue la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, quien recibió la inquietud de los vecinos, quienes habían adelantado una suma cercana a los 10.000 pesos para que el gremio comenzara a construirles sus viviendas en un terreno que se había determinado.

El sindicato que dirige Sansuerro aseguraba a través del contrato que el IPPV se había comprometido a construir las viviendas a través de un crédito. Pero la propia Piccinini aseguró luego que ese acuerdo nunca había existido. " Hay argumentos contundentes que permiten que el juez llame a indagatoria a Sansuerro, quien deberá explicar los alcances de esos contratos", dijo una fuente judicial consultada por este diario, quien también confirmó las pericias contables realizadas sobre la cuestión.