La intención de recaudar 500 millones anuales aún a costa de empujar la inflación y dañar el poder adquisitivo de los ciudadanos, encontró ahora la oposición de los despachantes y un duro comunicado en el que las cuatro entidades agropecuarias explicitaron su rotundo rechazo.

Con promesas de modificar “algunos aspectos” del proyecto, el Ejecutivo logró salvar la semana pasada el escollo de la Federación de Expendedores de Combustibles.

Pero ayer los petroleros explicaron ante los mismos legisladores que ellos no quieren estar entre el patrón y el consumidor final, como “colchón” contra el que choquen las protestas. La negativa fue total.

En lo que hace a las estaciones propiamente dichas, persiste además la situación -contraria a la idea del Gobierno provincial- que indica que YPF no autoriza modificaciones a sus surtidores (ni, obviamente, a sus precios).

Por otra parte, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba expresó “el más firme rechazo del sector a la implementación de un nuevo gravamen en la Provincia”.

“La negativa del campo a realizar un mayor aporte se sustenta en que se incrementó -sin consulta previa- el tributo inmobiliario rural para la anualidad 2012 en concepto de Fondos específicos (“Consorcios Canaleros”, “de la Red Firme Natural”, “para Infraestructura y Gasoductos), lo que significa que en los últimos diez años el aumento ha sido de un 583% y supera ampliamente la variación en el valor de lo producido, cuestión desconocida para muchos ciudadanos cordobeses que reclaman insistentemente al Gobierno Provincial equilibre el déficit de recursos con el aporte del sector productivo”, se lee en el comunicado que lleva las firmas de Agustín Pizzichini (FAA); Mariano Andrade (SRA); Marco Giraudo (CONINAGRO) y José Manubens Calvet (CARTEZ).

Si lo trata hoy, el oficialismo estará casi solo

Como se dijo, el delasotismo podría intentar aprobar su proyecto hoy, en primera lectura, para terminar de aplicar la mayoría la semana próxima.

La oposición, tanto radical como juecista, no irá siquiera a la Comisión de Acuerdos, algo que tiene malhumorado al gobernador José Manuel De la Sota y su entorno. Sí se hará presente en el recinto, pero para votar en contra, como lo anticiparon sus referentes.

El socialista y presidente del Bloque del Frente Cívico, Roberto Birri, lo reiteró ayer: “vamos a votar en contra de la llamada tasa vial, porque llegamos a la conclusión de que es un impuestazo que sacó de la galera De La Sota y en la urgencia se olvidó que hay leyes y constituciones que cumplir.”

“Esta tasa tiene patas cortas, porque es de difícil aplicación por parte de los expendedores y además tiene pocas chances de sobrevivir en las instancias judiciales que seguramente se van a abrir”, agregó, para señalar finalmente que “como siempre las medidas que se le ocurren al gobernador afectan al eslabón más débil de la cadena, en este caso a los cordobeses de a pie, a los usuarios del transporte público y a los pequeños y medianos empresarios del transporte, porque los grandes compradores de combustible van a facturar en otras provincias para eludir el aumento de precio”.

Las voces del radicalismo van en idéntico sentido.

Otro dato para seguir con atención durante la sesión, en caso que la “Tasa vial” se trate, es el voto de los legisladores K, ya que indicaría la línea que seguiría la Secretaría de Comercio de la Nación en caso que la norma sea sancionada.